Las privatizaciones de agua potable en cuatro ciudades del país han caído como la que está en vías de revocarse en Puebla debido al alto costo que representan para los ciudadanos, afirmó la activista María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA).
En entrevista con La Jornada de Oriente, la defensora social se refirió a los casos de Tuxtla Gutiérrez, Mexicali, Ramos Arizpe y la Ciudad de México, en los cuales o se detuvieron las privatizaciones o se logró su revocación.
Expuso que en el caso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se paró la concesión del servicio, que se fraguó al mismo tiempo que la de Puebla, debido a la conciencia de las comunidades, así como al trabajo de la Iglesia vinculada a la Teología de Liberación.
Mientras tanto, en el caso de Mexicali, Baja California, se logró parar una acción similar, tras la movilización de 100 mil personas, y en la actualidad los activistas y la sociedad civil continúan dando la batalla en contra de una cervecera.
Subrayó que en el caso de Ramos Arizque, Coahuila, se revocó una privatización por la intervención de la activista Gloria Tobón, mejor conocida como “La guerrillera del agua”, sin embargo aún continúa la concesión en Saltillo, donde el servicio lo ofrece la empresa Aguas de Barcelona.
“La gente se logró organizar y en menos de un año que se hubiera privatizado el agua se logró la revocación en este municipio, aunque en la capital de ese estado aún continúa concesionada”.
Manifestó que otro caso emblemático es el de la Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, logró hace tres meses quitarle el control del servicio a una serie de empresas entre las que destaca Aguas de México, una de las firmas de Concesiones Integrales que tiene concesionado el servicio en Puebla.
Adicionalmente refirió que hace unas semanas se hizo una consulta ciudadana en el estado de Quintana Roo para preguntarle a la gente si está de acuerdo en que continúe la concesión del agua potable y el resultado que 31 por ciento de los participantes desea que se desprivatice.
Manifestó que aunque no se logró la votación suficiente para ser vinculatoria sirvió como un gran ejemplo de consulta con la gente.
En otro tema, la activista destacó la importancia de las contralorías sociales para vigilar el funcionamiento de los sistemas operadores de agua, ya que en la actualidad no existe este tipo de representación en el Consejo Consultivo del SOAPAP.