Prisioneros del dinero

Desde hace tres decenios, parece que se incrementa una deuda para el gobierno de México con el fin de que empresas privadas tomen las riendas del país| FOTO: esimagen / Ramón Sienra

“Hay que endeudar al gobierno mexicano, a como dé lugar, para manejarlo durante decenios y hacer que la empresa privada se quede con todo el país”. Esa frase que invento es una realidad, en los hechos, de los gobernantes mexicanos en los últimos tres decenios.

Lo más conocido y que tardaremos en pagar, si acaso en 50 años más, es el Fobaproa- IPAB, que muy calladito en Estados Unidos, puso en operación Ernesto Zedillo; debido al fracaso de que llegaríamos al primer mundo, augurado por su antecesor, Carlos Salinas, pero,  de entonces para acá Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron quitándole funciones al gobierno, dándoselas a la inversión nacional y extranjera y aumentando la deuda nacional.

Los casos de Pemex, Afores, salud en gran medida, educación, minería, agua y muchos otros rubros,  muestran que tenemos un estado débil en extremo y un prepotente grupo de riquillos que piensan sólo en aumentar sus ganancias. Evitando, incluso, que les cobren impuestos.


La agrupación Oxfam, que mide cómo va la economía universal, señala que el 10 por ciento de los millonarios del país, quienes manejan cerca del 40 por ciento del PIB, únicamente pagan el 4.8 por ciento del ISR. Aunque gracias  al SAT, encabezado por la implacable Raquel Buenrostro, ahora cotizan 44 por ciento más que el año anterior.

Las grandes empresas tuvieron que soltar 155 mil millones de pesos que intentaron evadir. Entre ellas Femsa (productora del refresco negro), Walmart y América Móvil  que cotizaron, cada una, cerca de 9 mil millones de pesos. Dineros que ayudarán a pagar las vacunas tan necesarias.

Pero como ya hemos dicho anteriormente, muchos gobernadores se endeudan y dejan una carga de dinero impresionante que pagarán las siguientes generaciones, las cuales no tendrán para ello porque no les dejaron obras productivas sino de relumbrón.

Ahora también sabemos que, entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el famoso PRIAN reciclado ahora en acción electoral, hicieron que la iniciativa privada construyera ocho cárceles privadas. En los nueve años que llevan en operación: uno de Calderón, seis de Peña Nieto y dos con López Obrador, el gobierno ha destinado a las mismas: 75 mil 661 millones de pesos, el 36 por ciento del total.  Hasta el año 2037 se tendrán que erogar 190 mil 638 millones de nuestra moneda. Además, los edificios serán de los constructores.

¿Quiénes están en dicho negocio que les deja millones anuales?

Empresas que estaba quebradas como:  Homex, encabezada por Luis Orvañanos, e ICA de Alonso Quintana; además, Prodemex, manejada por Olegario Vázquez Raña; AB Arendal, propiedad de José de Jesús García; GIA, dirigida por Hipólito Gerard (cuñado de Carlos Salinas) y Tradeco, capitaneada por Federico Martínez; asociado con Salinas de Gortari, y ligado a Enrique Peña Nieto en construcciones diversas que durante su sexenio quedaron inconclusas.

En una mañanera, donde estuvieron López Obrador, Rosa Icela Rodríguez y Julio Scherer se informó de lo anterior y el mandatario dijo que negociarán para evitar que el gobierno actual y los próximos se queden con esas deudas tan onerosas que impide utilizar el presupuesto en obras prioritarias.

Según versiones periodísticas, este fue un gran negocio que elaboraron Carlos Salinas desde Inglaterra, donde actualmente reside, y Peña Nieto, por medio de un hombre clave en los menesteres carcelarios, Genaro García Luna. El policía que, en lugar de enfrentar a los delincuentes, recibía dinero de ellos y se dedicaba a hacer espionaje y comprar aparatos israelíes para obtener utilidades monetarias.

Ahora sabemos que también le dio por hacer prisiones privadas, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos; por eso bien plantea en su cartón Hernández (La Jornada, 14 de enero), cabila García Luna entre barrotes: “De haber sabido, le doy una concesión de reclusorio a algún amigo en Nueva York. Otro de los grandes negocios al descubierto.

Por cierto, en sus dos años al frente de la SSPC: ¿Por qué no se dio cuenta Alfonso Durazo, candidato de Morena al gobierno de Sonora, de este grave daño a la nación?

Cuestión que destapó la ágil de Rosa Icela.

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