Domingo, mayo 26, 2024

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EN LA CONTROVERSIA

La secretaria de Gobernación federal (Segob), Luisa María Alcalde, durante la conferencia de prensa mañanera que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estar excediéndose en sus funciones al querer asumir por sí sola la decisión de anular la prisión preventiva oficiosa, a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La funcionaria federal explicó que aunque esta resolución obliga al Estado Mexicano, la SCJN atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla, descalificando otras opciones, entre ellas que el Congreso de la Unión debería analizar estas modificaciones.

Argumentó que invalidar el artículo 19 de la Constitución impactaría en la posible liberación de 78 mil presuntos delincuentes en el país. En una gráfica que proyectó ayer en la mañanera, expuso que de las 32 entidades federativas cinco estados concentrarían la mayor parte de la liberación de presuntos delincuentes. A la cabeza se encuentra el Estado de México (21 mil 718); le siguen Jalisco (8 mil 342), Veracruz (4 mil 554), Michoacán (3 mil 315) y Puebla (3 mil 44).

Destacó que la posible liberación de presuntos delincuentes coloca en riesgo a testigos y las víctimas que las han acusado, personal de las policías y las fiscalías, propios juzgados y riesgo a población en su conjunto.

Es así como la controversia entre los poderes Ejecutivo y Judicial se expresa nuevamente sobre la prisión preventiva oficiosa, que para algunos es violatoria de los principios de presunción de inocencia y es contraria a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos suscritas por el país. No hay duda de que los excesos en la aplicación de este mecanismo y la dilación de la justicia, así como la ineficacia y corrupción prevaleciente, obligan a revisar y modificar el actual sistema de justicia, destinando los diferentes tipos de recursos necesarios para su operación, que hasta el momento resultan claramente insuficientes para brindar justicia a la población que ha sido víctima de todo tipo de delitos, pero principalmente de los considerados graves.

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