La Red Internacional de Derechos de la Infancia (RIDI), consideró que el asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo ha permanecido impune y refleja una total insensibilidad y autoritarismo de parte del gobierno estatal para tratar de reparar el daño a las víctimas.
La organización está a punto de emitir una alerta para calificar al gobierno de Puebla como “non grato” para la niñez.
En una entrevista con La Jornada de Oriente, Lorena Reed Dublín, coordinadora de Investigación de Casos para América Latina, advirtió que: “lo que a juicio de nuestra organización nos parece lo más grave de lo que ha sucedido en el caso del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo es que el gobierno del estado de Puebla ha dejado en total impunidad a los policías estatales que participaron en los hechos que derivaron en su muerte.
“Otro asunto importante es también que el gobierno del estado de Puebla ha presumido públicamente que ya pidió una disculpa a la madre del niño, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, Elia Tamayo, pero la señora ha declarado públicamente a los medios de comunicación y ante organismos defensores de los derechos humanos y los derechos de la niñez, que no solo no le han pedido ninguna disculpa, sino que ella no está dispuesta a disculpar a nadie”, agregó.
Reed Dublín, quien estuvo en México para revisar distintos casos de violaciones a las garantías de los infantes, a fin de elaborar un informe, fue entrevistada en la capital del país por La Jornada de Oriente y consideró que “la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie está entre los casos más graves que hemos analizado y podría generar una categoría para declarar al gobierno del estado de Puebla como non grato para la niñez, por el estado de impunidad que prevalece”.
La activista, que ha trabajado asuntos de envergadura como el de los niños huérfanos de la guerra de Bosnia o los llamados escuadrones de la muerte en Brasil, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al gobierno de México un informe sobre el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, ocurrido el pasado 9 de julio durante un operativo de desalojo en la autopista Puebla–Atlixco.
También señaló que su informe sobre el caso de Tehuatlie Tamayo incluye la denuncia que hizo en diciembre del año pasado la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Corenats), una organización venezolana, en el cual exige justicia sobre el homicidio.
La denuncia a la que hace referencia Reed Dublín puede ser consultada en la liga https://www.
youtube.com/watch?v=D7mrUVvRjuA, a través de un video en el que la Corenats considera que el menor fue la primera víctima de la llamada Ley Bala, iniciativa de la administración morenovallista avalada por el Congreso local, para facultar a los policías a portar armas de fuego y disparar contra manifestantes a discreción si se les considera peligrosos.
La organización venezolana “muestra consternación por el vil asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo. Con indignación alza sus voces para denunciar este tipo de acciones, que van en detrimento de los derechos humanos de la infancia trabajadora”, según se dce en el video.
Impunidad
“No olvidemos tampoco que en noviembre del año pasado la señora Elia Tamayo Montes fue expulsada del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se llevó a cabo en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla y que ella iba ahí a denunciar lo que le había sucedido a su hijo y que su expulsión fue pedida y ejecutada por personal del gobierno del estado de Puebla”, recalcó Reed Dublín.
Esa acción, abundó la representante de la Red Internacional de Derechos de la Infancia, motivó que a su vez, la Red Europea de Maestría de la Infancia y el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) hiciera un pronunciamiento al gobierno mexicano por el caso del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
“Somos un conjunto de organizaciones que de manera independiente han investigado el caso de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y hemos llegado a la misma conclusión, por diversos métodos y fuentes: hay una gran impunidad en el caso y por eso el gobierno de Puebla tiene que responder a sus ciudadanos y a los ciudadanos del mundo”, concluyó la activista de origen estadunidense.