Lima. La presidenta peruana Dina Boluarte fue interrogada este lunes por cuatro horas en la fiscalía general por una investigación abierta contra ella, por someterse a una cirugía de nariz sin presuntamente comunicar al gabinete ministerial y al Parlamento que tenía un impedimento temporal para ejercer la presidencia por 11 días.
Esta es la sexta investigación contra Boluarte desde que asumió el poder en diciembre de 2022. “Estuve en la fiscalía toda vez que se me ha notificado… respondiendo cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera”, afirmó la mandataria de forma breve por la tarde en un acto público.
En las afueras del palacio presidencial, el abogado de la mandataria, Juan Portugal, indicó a la prensa que Boluarte respondió a las preguntas de la fiscalía por cuatro horas en las que explicó que fue operada la noche del 28 de junio de 2023, por entre 40 y 50 minutos, con anestesia local y siempre estuvo lúcida.
Añadió que al final de la operación recibió el alta médica, “pero por precaución le recomendaron pernoctar en la clínica aquella fecha” y al día siguiente, el 29 de junio de 2023, retornó a sus labores habituales.
La investigación de la fiscalía es por ausencia del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, por 11 días.
Portugal comentó que Boluarte no reportó al gabinete ministerial ni al Parlamento sobre la operación, que calificó de “cirugía menor”, porque la presidenta “hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el planeta tierra”. También afirmó que no existe una ley expresa en Perú que obligue a Boluarte a comunicar sobre una operación quirúrgica al presidente del Congreso o a otra autoridad.
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El 12 de diciembre Boluarte admitió por primera vez de forma pública que en 2023 se había operado la nariz luego de que meses antes había desestimado las preguntas de la prensa que le pedían confirmar o negar si se había sometido a una cirugía de nariz. Boluarte había guardado silencio al igual que su vocero y ministros.
La mandataria declaró aquella vez que la cirugía fue “imprescindible” ya que la “necesitaba por funcionalidad respiratoria”, sin dar detalles de la operación. La presidenta descartó que la intervención fuese estética, como había asegurado el semanario. “No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones”, replicó Boluarte.
A inicios de diciembre la fiscal general Delia Espinoza anunció que se había iniciado una investigación por la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales en los 11 días posteriores a la operación. Durante ese periodo, las redes sociales oficiales de la presidencia no registraron ninguna fotografía, ni video, ni actividades de la mandataria.
Según la ley, el delito de abandono de cargo ocurre cuando un funcionario deja su puesto “sin haber cesado legalmente” mientras que la omisión de actos funcionales se produce cuando el servidor público “omite, rehúsa o retrasa de manera ilegal un acto de su cargo”. Ambos se castigan con dos años de cárcel.
El abogado penalista Andy Carrión comentó a The Associated Press en diciembre que la discusión de fondo no es si Boluarte se realizó una intervención estética. “La cuestión aquí es si la mandataria se ausentó algunos días de su ejercicio principal de presidenta y que esta ausencia no sólo habría ocasionado un vacío de poder, sino que también ella habría omitido informar al Congreso”, explicó.
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Carrión recordó que Boluarte no tiene ni primer ni segundo vicepresidente y que en su ausencia quien debía ejercer de forma sustitutiva el poder era el presidente del Parlamento. “Al ser la más alta dignataria no podemos permitirnos un vacío de poder así sea por minutos. ¿Qué pasaría si es que la están operando y ella no puede ordenar una medida urgente e importante?”, comentó.
Luego de concluir su investigación preliminar la fiscal general podrá acusar constitucionalmente ante el Parlamento a la presidenta, para que cuando culmine su gestión —el 28 de julio de 2026— pueda ser juzgada ante la Corte Suprema, como determina el procedimiento para altos funcionarios en Perú.
Con esta investigación, la mandataria suma seis indagaciones fiscales por diversos delitos, incluido el de homicidio calificado por su responsabilidad en las muertes de manifestantes entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante una serie de protestas que exigían su renuncia.
La popularidad de Boluarte es la más baja de un mandatario peruano desde 1980. La firma Datum Internacional arrojó en diciembre que la aceptación de Boluarte descendió a 3 por ciento.