En apoyo a la demanda del pueblo maseual de no ser consultado sobre tres concesiones mineras que ya fueron echadas abajo por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Observatorio de Protocolos Autonómicos Comunitarios (Observatorio) presentaron ante el Juzgado Quinto de Distrito de Puebla un amicus curiae (“amigo de la corte”), recurso ciudadano utilizado para aportar argumentos e insumos a un tribunal, para una mejor solución de una controversia jurídica.
En el amicus curiae se recomienda que, al proceder con la ejecución de la sentencia, la jueza actúe conforme a los estándares internacionales del derecho al consentimiento libre, previo e informado y su vínculo con la libre determinación de los pueblos indígenas. DPLF, AIDA y el Observatorio manifestaron lo anterior en razón de que, según el estándar internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas, la minería constituye un proyecto de desarrollo a gran escala que superpuesto sobre el territorio del pueblo maseual conllevaría a un cambio drástico en sus modos de vida y la imposición de un modelo de desarrollo contrario a la autonomía que gozan en la definición de sus propias prioridades.
Las organizaciones consideran que los procesos o protocolos autónomos de consulta, conducidos por los propios pueblos indígenas sin la mediación estatal, como la asamblea celebrada en Zacatipan por el pueblo maseual, son un mecanismo cada vez más utilizado en diferentes países del continente.
“Se trata de una manifestación de la libre determinación en que los PUEBLOS O COMUNIDADES INDÍGENAS dan a conocer al Estado sus determinaciones y éste las debe acatar”, apuntaron.
DPLF es una organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina, mediante la investigación aplicada, las alianzas estratégicas con actores de la región y actividades de cabildeo.
“La finalidad de nuestro trabajo es lograr un pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, bajo el marco de referencia de las normas y los estándares internacionales”, establece DPLF en la hoja de información de las organizaciones firmantes del amicus curiae.
AIDA es una organización regional no gubernamental de derecho ambiental (registrada en México como asociación civil) que desde 1998 trabaja por la protección de ecosistemas amenazados y las comunidades que dependen de ellos en el hemisferio americano. “Contamos con amplia experiencia en derecho ambiental y derechos humanos, tanto desde el punto de vista del derecho internacional, como desde el derecho doméstico. Trabajamos en y contamos con equipo en ocho países de América Latina”.
El Observatorio es una red de investigación que involucra universidades brasileñas, con participación de representantes de pueblos indígenas, comunidades negras quilombolas y otros pueblos tradicionales y organizaciones de la sociedad civil que se propone monitorear casos de amenazas y violaciones al derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado en Brasil y en otros países de América Latina. “Ponemos a disposición el mapa de protocolos autónomos de autoconsulta con los documentos que fueron publicados por los pueblos que los elaboraron”.