Viernes, junio 21, 2024

PREPARATIVOS DE LAWFARE EN MÉXICO

La derecha mueve sus piezas en el ajedrez político bajo una sola convicción: en elecciones libres no podrán bajar a la 4T del timón del Estado, y ha tomado la decisión de recurrir a la que parece ser usual práctica del mecanismo alterno al voto popular para buscar conseguirlo: el golpe de Estado blando basado en el lawfare (neologismo formado por las palabras inglesas law -ley- y la contracción gramatical de warfare -guerra- creado para referirse a los ataques políticos que se hacen utilizando indebidamente procedimientos legales para dar apariencia de legalidad; la palabra ha sido utilizada para describir las guerras políticas que se desatan desde los poderes judiciales de las repúblicas) ejecutable a mediano plazo según las condiciones políticas que pueda construir al efecto. El respaldo político del gobierno de Estados Unidos (EU) para este proyecto, parece haberse conseguido en estos tiempos del juicio que, allá, se sigue contra Genaro García Luna. Los hechos políticos que van configurando esta acción de las fuerzas políticas desplazadas del gobierno por la elección presidencial de 2018, están ocurriendo aquí y allá, afinando los escenarios que utilizarán y preparando a los actores que participarán.

Los preparativos en México son, esencialmente, seis: 1) Impedir más reformas a la Constitución mediante la consigna de los legisladores de oposición, denominada “moratoria constitucional”; 2) Mantener el control político funcional del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal que, como encargados de los procesos electorales y su validación, son indispensables para la realización de la elección que suele exigirse después de un golpe de Estado, para intentar legitimarlo en las urnas; 3) Preservar el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manteniendo el número de ministros, por lo menos 8, que puedan emitir declaratorias de inconstitucionalidad sobre actos del Ejecutivo y del Legislativo; de su presidencia, para efectos de representación política y debate frente a los otros poderes de la Unión; y por su voto decisorio en asuntos jurídica y políticamente relevantes; 4) Oponerse a la militarización de la seguridad pública, que en realidad es oposición a que la Guardia Nacional quede subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ven allegada al presidente de la república. Para el éxito del proyecto golpista es necesario contar con un segmento de las fuerzas armadas tal como acreditan los sucesos en Bolivia y Perú; mientras que en Brasil fracasó por esa ausencia; 5) Buscar, por todos los medios lícitos e ilícitos ganar el control político de la capital de la república; y, 6) Mantener el control absoluto de los medios de información masiva para la justificación de las acciones golpistas.

Los hechos que ocurren en Estados Unidos y desprenden característicos aromas de respaldo político para un alentado golpismo en suelo nacional, han surgido del juicio que se sigue contra el ex secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón. El primero, la petición que un grupo de 21 fiscales dirigen al presidente Biden y al secretario de Estado Antony Blinken, para <<declarar organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos, con el fin de liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece>>. Expuesto en esos términos, el pedido reflejaría significativamente que el gobierno estadunidense no destina el presupuesto indispensable para el combate al narcotráfico. Sin embargo, si luego de exponer que <<los cárteles mexicanos conducen una diaria guerra química contra los estadunidenses; que en 2022 más de 100 mil estadunidenses murieron por sobredosis de opioides; y, que la DEA reporta que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, principalmente, importan desde China precursores químicos, que después trasladan a Estados Unidos>>; se hace resaltar la consideración política del fiscal Jason S. Miyares, de Virginia, promotor de la iniciativa, afirmando que: <<la inhabilidad del gobierno mexicano para controlar a estos grupos “es una amenaza a nuestra seguridad nacional”>> (La Jornada, 09/02/2023); entonces el discurso adquiere tonalidades injerencistas, que la derecha mexicana abona: “El titular del Ejecutivo federal, es la cabeza de sólo uno de los tres Poderes de la Unión”; en abierto engaño, ignorancia y desprecio de la Constitución, con miras a generalizarlo como discurso dominante del golpismo.

El segundo, es el que se está conociendo como el “sorpresivo giro en el juicio a García Luna” en el que, otros fiscales -los asignados al caso- decidieron dar por terminados los testimonios que tenían preparados contra el acusado cuando apenas se habían desahogado 25 de los 76 anunciados. Los efectos de credibilidad que tendrá esta decisión en el veredicto sobre cada uno de los cinco cargos que enfrenta el acusado, pueden fácilmente intuirse. Cancelar el interrogatorio de 50 testigos restantes encuentra explicación, precisamente, en el ocultamiento de la <<exuberante narrativa de relaciones delictivas entre gobernantes, políticos, empresarios de medios, periodistas y jefes del crimen organizado>> (Julio Hernández, Astillero, 8/2/2023), por sus efectos políticos tanto en México como en EU, pues, recabar más testimonios sobre la atribuida vida criminal del acusado, implica ventilar las complicidades de alto nivel entre las clases políticas de ambos países que han hecho posible, por años y años, el redituable negocio megamillonario de las drogas. Que provenga de los fiscales esa intempestiva, cuanto inexplicada, decisión en un juicio de tal magnitud política y mediática, hace suponer que la decisión vino del Departamento de Justicia como decisión de Estado. Sería demasiada enseñanza política continuar mostrando cómo se ha manejado el poder público para negocios privados, a costa del envenenamiento sistemático y mortal de los pueblos. El tercero, es la negativa de García Luna a testificar en su defensa. Hablar de sus propias andanzas podría afectar el nombre de muchos personajes de la oposición que patrocinan la posibilidad del lawfare en México, e inhibir el afanosamente buscado respaldo de EU. El cuarto, ha sido la pretensión del abogado de García Luna, César de Castro, de involucrar al presidente López Obrador en la recepción de dinero del narcotráfico para una campaña electoral “contra Vicente Fox” en el año 2006. Y, quinto, la reciente “exhortación” hecha por la DEA para que México “haga más contra el tráfico de fentanilo”, a pesar que dicha sustancia se fabrica y distribuye legalmente en EU, donde “Los productos farmacéuticos legalmente distribuidos que lo contienen, son desviados al mercado negro por medio del robo, recetas fraudulentas y distribución ilícita que realizan pacientes, médicos, enfermeras, asistentes médicos, enfermeras practicantes y farmacéuticos”. (QUÉ ES EXACTAMENTE EL FENTANILO, SEGÚN LA DEA – Gaceta UNAM).  

¿Por dónde podían, y pueden, llegar las drogas -anteriores y modernas- de México a Estados Unidos? La llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México en 1988, mediante fraude electoral avalado por el panismo con la quema de las boletas electorales, implicó la puesta en marcha de un plan de gobierno que se propuso “adelgazar” al Estado de su “obesidad”. Una de las primeras medidas adelgazadoras fue la privatización de puertos, aeropuertos y carreteras; luego ferrocarriles y líneas aéreas; después, banca. La decisión política de trasladar bienes públicos a manos privadas implica convertirlos a la esfera del negocio. ¿Cómo encontró acomodo el trasiego de drogas y sus ganancias en ese adelgazamiento del Estado? ¿Puede imaginarse? De las relaciones bilaterales con EU, durante la gestión de Felipe Calderón, surgieron pactos como la Iniciativa Mérida, de la que derivó la introducción del sistema de juicios orales; y el operativo Rápido y furioso, cuyo efecto práctico se tradujo en el suministro de armamento de alto poder a organizaciones del narcotráfico. Estos antecedentes ayudan a comprender por qué la reciente aprobación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano -cuya finalidad es inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y las que atenten contra la seguridad nacional facultando a la Sedena para ser ente coordinador de su vigilancia y protección- da motivo a la oposición para acusar al gobierno de “militarización del cielo” al censurarla. 

Dos poderes que, por ahora, juegan papel fundamental en los preparativos del proyecto lawfare son: la Corte, y los medios de información masiva. La gestión de la ministra Norma Piña al frente de la presidencia de la Corte por 4 años quedará marcada, primero, por el escándalo mediático sobre el -aún irresuelto- presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que le allanó el camino al cargo; segundo, por su actitud de permanecer sentada a la llegada del presidente de la república, en la ceremonia de conmemoración de la Constitución de 1917; tercero, porque durante su gestión se acentuará en el poder judicial Federal la tendencia de complicidad con el lumpen empresariado, ex servidores públicos corruptos, falsas organizaciones de la sociedad civil financiadas por Estados Unidos, y delincuencia organizada; que se han visto, y se verán, favorecidos con sentencias de jueces, magistrados, y ministros identificados con posturas políticas opositoras que conviertan al poder judicial, fácticamente, en un partido judicial; y, cuarto, porque antes que concluya su gestión -dos de enero de 2027- es altamente probable que se hayan dado los pasos políticos, jurídicos y fácticos que la derecha considere necesarios para intentar el derrocamiento de quien hubiese obtenido la victoria en la  elección presidencial de 2024. 

En esta hipotética situación, el pueblo mexicano deberá decidir si en la democracia, los resultados que arrojan las elecciones obligan a todos los sectores de la sociedad; o, si los poderes fácticos pueden utilizar el poder de la Corte para revertir esos resultados y mediante ellos retomar el control de la institucionalidad del Estado, que las urnas no les dieron.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 20 de febrero de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO

 

Temas

Más noticias

Por razones financieras, ayuntamiento de Puebla no remodelará la 24 Norte-Sur: Vélez

Gobierno municipal dejará proyecto ejecutivo a la próxima administración

Personeros del edil de Zapotitlán de Méndez juntan firmas para pedir que no lo destituyan

A pesar de que ayer se conoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una  orden de aprehensión contra el edil de Zapotitlán,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

XÓCHITL: DE LAS GELATINAS A LA REGADA DE TEPACHE

Un amigo muy confiable que estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), me afirmó que, en efecto, de joven Xóchitl Gálvez...

El lawfare y golpes de la derecha

El golpe de Estado mediante el uso de las fuerzas armadas, violencia y conflictos bélicos para deponer a gobiernos democráticos y legítimos por  gobiernos...

La impotencia de la derecha

Ninguna novedad en la marcha y concentración derechista llevada a cabo el pasado domingo 18 de febrero. Las mismas consignas, los estribillos reiterados, las...

Más noticias

Por razones financieras, ayuntamiento de Puebla no remodelará la 24 Norte-Sur: Vélez

Gobierno municipal dejará proyecto ejecutivo a la próxima administración

Personeros del edil de Zapotitlán de Méndez juntan firmas para pedir que no lo destituyan

A pesar de que ayer se conoció que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una  orden de aprehensión contra el edil de Zapotitlán,...

Listos los albergues en 50 municipios de Puebla por llegada de la tormenta “Alberto”

Debido a la llegada de la tormenta tropical “Alberto”, el gobierno del estado de Puebla tiene listos albergues en al menos 50 municipios...