El gobierno estatal recuperará el proyecto de establecer una plataforma de vigilancia por video en el transporte público, luego de que el primer intento en pos de este sistema falló por la corrupción de Guillermo Aréchiga Santamaría, el anterior titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), aseveró Luis Miguel Barbosa Huerta, titular del Poder Ejecutivo.
“Ya estamos en proceso de arrancar la licitación de la nueva plataforma, es un compromiso que no vamos a dejar de cumplir. Lo que se dijo al principio fue un fracaso por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que lo volvió un acto de corrupción, pero lo vamos a corregir, lo estamos haciendo, no vamos a abandonar esta política pública”, aseveró el mandatario en la rueda de medios de este lunes.
A finales de noviembre del año pasado, cuando se publicó la nueva Ley de Transporte de Puebla, la norma determinó que los concesionarios del servicio público, propietarios de taxis y conductores del servicio ejecutivo, contarían hasta con 120 días para ofrecer unidades seguras tanto a los usuarios, como a terceros, por lo que tendríann que realizar los ajustes físicos y mecánicos que sean necesarios para garantizarlo o incluso sustituir el vehículo.
“De no hacerlo así se revocará la concesión o se cancelará el permiso”, advertía la normativa, la cual también establece que será obligatoria la contratación de un seguro que cubra daños a terceros y responsabilidad civil del pasajero.
La misma ley ratificó la obligación de los concesionarios del transporte urbano, suburbano, masivo, foráneo y metropolitano de instalar un sistema de posicionamiento global GPS, cámara de video vigilancia, dispositivo de grabación de video y botón de pánico, los cuales estarán vinculados a los sistemas de seguridad pública, así como un regulador de velocidad y contador de pasajeros.
En aquella ocasión, la reportera de esta casa editorial, Mónica Camacho, consignó declaraciones de Guadalupe Leal Rodríguez, diputada del PAN, quien forma parte de la Comisión de Movilidad y Transporte, y aseguró que la obligatoriedad de la revista vehicular y de un refrendo anual permitirá al gobierno del estado hacer efectivas esas disposiciones.
“Ahora sí habrá sanciones y revocaciones cuando un concesionario esté incumpliendo con la ley”, garantizó en entrevista con La Jornada de Oriente.
Antes de cancelar la concesión se retirarán las unidades de circulación
El procedimiento para el retiro de vehículos inseguros se incorporó en el artículo 132 de la Ley de Transporte, la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, luego de que el Congreso de Puebla la aprobó el jueves pasado.
El plazo se cumplió pero no se sabe de alguna sanción para los transportistas que no han cumplido.