La diputada del PRI Delfina Pozos Vergara señaló que es momento de imponer sanciones o incluso revocar el contrato de concesión a la empresa Agua de Puebla, debido a la mala calidad del servicio que ha ofrecido en la capital del estado y colonias conurbadas desde 2014.
Pozos Vergara señaló que la situación actual es insostenible, con múltiples quejas y protestas de la ciudadanía por la falta de suministro, altas tarifas e incumplimiento de su saneamiento.
Afirmó que la comparecencia del director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz, del próximo miércoles ante el Congreso local, no es suficiente para solucionar el problema de fondo en el acceso al agua.
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Se pronunció a favor de una revisión exhaustiva a los resultados de la operación de la firma, del título de concesión y de las tarifas, a fin de evaluar el cumplimiento y las acciones correctivas que permitan garantizar un servicio adecuado.
“La empresa ha hecho lo que ha querido, es momento de que se les ponga un alto, es momento de que haya penalizaciones para ellos, no podemos permitir que una empresa ni si quiera rinda cuentas ante la mala calidad del servicio.
“Se tiene que lograr que haya penalizaciones para ellos y nada es imposible cuando hay disposición por parte de los gobernantes para que en su momento se pueda revocar el contrato, por qué no”, manifestó la legisladora, quien solicitó la comparecencia de Héctor Durán y del director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Gustavo Gaytán Alcaraz, desde el arranque de la LXII Legislatura local.
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Diez años de inconformidad
Desde que inició funciones en 2014, Agua de Puebla -también identificada por su razón social como Concesiones Integrales– ha sido blanco de múltiples movilizaciones y quejas de los usuarios del servicio que brinda.
En los últimos diez años, colectivos, ciudadanos y activistas han expresado que la empresa ha incumplida con los estándares de calidad y eficiencia necesarios para satisfacer la demanda de agua en la zona.
Las denuncias van desde irregularidades en el suministro del líquido hasta elevados costos en los recibos, factores que han aumentado la inconformidad social y han generado un clima de rechazo hacia la privatización del agua.