Se esperaba que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera en definitiva el amparo del Ejido de Tecoltemi que mantiene en suspenso el Proyecto Ixtaca, que impulsa la minera canadiense Almaden Minerals y que podría derogar la Ley Minera. Sin embargo, el asunto fue pospuesto por el pleno de la Primera Sala para su análisis por fecha indefinida.
Los campesinos de esa comunidad de Ixtacamaxtitlán, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, amén del Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida y el Centro de Análisis Fundar, consideraron adecuado que los ministros se tomen su tiempo para analizar un tema de la mayor relevancia para las comunidades indígenas del país que están asoladas por las compañías mineras.
En un comunicado dado a conocer este lunes por la tarde, los labriegos y sus aliados expresaron:
“Si bien, no conocemos la razón por la que la discusión fue pospuesta, consideramos de gran relevancia que las Ministras y los Ministros de la Primera Sala tomen el tiempo necesario para analizar a profundidad el caso, tanto lo relativo a las concesiones como a la Ley Minera, ya que se trata de un tema trascendente no sólo para la vida en Tecoltemi, sino también para otras comunidades en México que actualmente resisten en defensa de la vida y sus derechos ante la imposición de proyectos extractivistas, así como para la protección de los derechos de otras comunidades, donde pudiera haber proyectos futuros.
Recordaron que en días recientes más de 10 mil personas, así como organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos se han pronunciado y han llamado a la Corte a analizar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera “que permite un siglo de violaciones a derechos humanos de las comunidades y pueblos”.
“Desde la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, así como de las organizaciones que hemos acompañado a la comunidad de Tecoltemi, el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, seguimos confiando en que las y los Ministros tomarán una decisión con base en el mayor respeto, protección y garantía de los derechos de los pueblos y las comunidades del país”, expresaron.
En redes sociales, otras organizaciones también externaron su solidaridad con la lucha de los pueblos de Ixtacamaxtitlán, como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los Mineros de Pasta de Conchos, Serapaz México, Poder y Green Peace México.
En 2015 el Ejido de Tecoltemi tramitó un juicio de garantías contra el Proyecto Ixtaca, una mina a cielo abierto para la extracción de oro y plata ubicado en Ixtacamaxtitlán y que impulsa la Minera Gorrión, filial de la campaña canadiense Almaden Minerals.
El amparo 134/2021 se tramitó ante la justicia Federal para impugnar dos concesiones mineras otorgadas por parte de la Secretaría de Economía, sin consulta y sin consentimiento, a Almaden Minerals, y pidiendo que se analizara la Ley Minera, ya que el contenido de diversos artículos es inconvencional e inconstitucional, pues contraviene abiertamente la protección que la Constitución y el marco internacional de los derechos humanos otorga a dichos territorios.
Por ejemplo, la Ley Minera determina en su artículo sexto que, las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio; es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales deben preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en el territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra.