Nuevamente, un caso llevado por la Fiscalía General del Estado (FGE) es motivo de señalamientos: la liberación del empresario Jorge Aduna Villavicencio, acusado por dicha dependencia de haber privado de su libertad a seis personas para luego ordenar su eliminación y la desintegración de sus cadáveres, ha vuelto a colocar a su titular, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, en el centro de las críticas.
En efecto, fue la FGE la que publicitó, a través de comunicados y declaraciones de sus funcionarios –incluidas las del propio Carrancá- la detención del llamado “gallero” como la consumación de las indagatorias sobre el asesinato con agravantes de brutalidad que sufrió la media docena de hombres.
Sin embargo, como en otros casos, nuevamente ha quedado libre el acusado, pero no porque se haya probado su libertad en tribunales, lo cual hubiera despejado cualquier duda sobre su responsabilidad o inocencia, sino por errores de procedimiento de la Fiscalía General del Estado, particularmente en la legal procedencia del cateo a una de las propiedades del empresario.
Pero no se trata de solo este caso: hay que recordar cuando la Procuraduría General del Estado, con el mismo Víctor Antonio Carrancá Bourguet, hizo investigaciones falsas para fabricar culpable y toda una acusación judicial de por medio, en el caso del asesinato del niño de San Bernardino Chalchihuapan, José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo.
Es así que como lo dicen organizaciones como la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla y el Centro de Defensa de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDHPT), Carrancá debe ser removido.