Por lo menos 237 casos no fueron atendidos y no se realizaron 281 audiencias en Puebla como consecuencia del paro de labores que empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizan desde el 19 de agosto –hace casi dos meses– en protesta por la reforma a este sector aprobada por el Congreso de la Unión.
Litigantes consultados por La Jornada de Oriente refirieron que, una de las consecuencias que la suspensión de labores ha traído para ellos, es que el número de días en los que sus asuntos se han atendido, ha crecido en por lo menos un 50 por ciento.
Señalaron que el paro de actividades también les ha provocado pérdida de tiempo pues, por ejemplo, la emisión de copias certificadas tarda más de dos horas cuando antes de la protesta, el tiempo promedio era de 20 minutos.
La suspensión de labores como protesta por parte de los trabajadores, se mantendrá por lo menos hasta el 11 de octubre, cuando el Consejo de la Judicatura sesionará para determinar si el paro concluye o se extiende más días.
En tanto, los empleados atienden solamente casos de urgencia relacionados con el ámbito penal, familiar o de salud.
Datos de la Unidad para la Consolidación del Nuevo de Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) refieren que durante julio pasado, es decir, un mes antes de que iniciara el paro de labores, ingresaron a los juzgados federales en Puebla 452 asuntos que implicaron un promedio diario de 14.58 asuntos.
En tanto que durante el mes de agosto, cuando la suspensión de actividades ya había iniciado, el número de casos ingresados fue de 215, lo que implicó un promedio de 6.94 expedientes cada día –menos de la mitad que antes de la protesta–.
Para el caso de las audiencias, durante el mes de julio se realizaron 382 que representan un promedio diario de 12.32, mientras que, en el mes de septiembre, después de la suspensión, se llevaron a cabo 101 actos de ese tipo, que representan una media de 3.37 al día.
Es decir, ante el cierre parcial de los juzgados, dejaron de atenderse por lo menos 237 casos y ya no se realizaron al menos 281 audiencias.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualizados hasta 2021 refieren que el costo anual de la operación de cada uno de los 260 tribunales colegiados que hay en el país es de 13.6 millones de pesos.
En Puebla hay 14 tribunales colegiados, por lo que, en conjunto, estos absorben 190.4 millones de pesos al año.
El Sexto Circuito, que tiene residencia en Puebla y San Andrés Cholula, está integrado por 12 juzgados ordinarios de distrito y cinco auxiliares, así como por 14 tribunales colegiados y dos tribunales unitarios.
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