Tras el violento operativo del pasado lunes por la noche, en el que el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Transporte y la Policía Estatal, realizó en el municipio de Coronango para decomisar mototaxis –y que derivó en el bloqueo de la autopista México–Puebla–, diversas voces, entre ellas la de la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo, han exigido que ceje la represión contra los propietarios de esos vehículos y las poblaciones que los usan.
Es acertado el exhorto que hace la representante popular, porque de entrada ni los mototaxistas ni las familias que de ellos dependen, ni los usuarios y mucho menos la gente de las comunidades a las que sirven han cometido delitos. Lo único que buscan los choferes y dueños de los triciclos motorizados es tener un sustento y los últimos gozar de un servicio que se acomoda a sus necesidades.
Es cierto que hay una causa legal, aprobada sin sustento, por el Congreso del estado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, para que los mototaxis no puedan circular en Puebla. Pero también es verdad que el exceso de fuerza y hasta la brutalidad que se ejecuta en los decomisos parece tener tintes que rebasan por mucho el interés único de hacer valer la ley y rayan en la represión.
Los motivos que tengan las autoridades para el despliegue de tanta violencia solo ellas los saben, pero la sospecha de que hay móviles clasistas y hasta racistas se va acrecentando.