La nueva Ley Estatal de Salud, que impulsa el diputado panista Jorge Aguilar Chedraui y que busca abrir las actividades del sector público a la iniciativa privada, no alcanzó la aceptación suficiente para ser discutida y aprobada este año, por lo que el autor del proyecto decidió posponer su presentación has-ta 2015.
Jorge Aguilar, presidente de la Comisión de Salud del Congreso local y ex secretario del ramo en el gobierno de Rafael Moreno Va-lle Rosas, aseguró que “no hay pri-sa” en el tema, por lo que destinará el tiempo necesario para “tener un proyecto consensado” con los organismos internacionales y na-cionales, así como los legisladores estatales.
El representante popular anunció su interés en renovar la ley vi-gente en el estado durante 20 años desde que dio inicio la LIX Legis-latura en enero pasado. Sin embar-go, fue hasta 28 de septiembre cuan-do se conoció el alcance del proyecto reformista.
El anteproyecto se presentó a puerta cerrada durante el “Foro de Análisis y Discusión al Proyecto de Ley de Salud”, efectuado en el Centro de Convenciones de la ca-pital del estado y durante la exposición de los motivos se indicó que las nuevas disposiciones permitirían una mayor participación del capital privado para que invierta en la realización de programas e infraestructura médica, además de que haría posible la subrogación de los servicios que se prestan en hospitales y clínicas públicas.
De acuerdo con algunos asistentes al acto consultados por La Jornada de Oriente, cuya opinión se hizo pública en la edición del 29 de septiembre, la iniciativa re-presenta la privatización del servicio de salud pública en Puebla.
La iniciativa ha estimulado ma-nifestaciones de inconformidad de trabajadores de la salud del sector público que se presentaron en el Poder Legislativo de Puebla a fina-les de año, para exigir a los diputados votar en contra del proyecto.
Participación de la IP
La inclusión de la iniciativa privada en la prestación de servicios de salud pública se pretende consolidar con la creación legal de un consejo estatal en el que participarían representantes de hospitales particulares, y entre las funciones que tendría ese órgano se encuentra proponer políticas públicas, acciones en materia de salud y li-neamientos para la “coordinación interinstitucional”.
El sector privado también tendría derecho a voto en la definición de esquemas de financiamiento, en la evaluación de programas médicos y en la aprobación de propuestas para homologar la prestación de los servicios de salud en el estado.
Jorge Aguilar ha evitado precisar los alcances de su propuesta, principalmente en torno a la participación que tendrá la iniciativa privada en la prestación de los servicios de salud.
En la última entrevista que con-cedió del tema fue cuestionado de manera directa si la aprobación de la ley implicará la privatización de los servicios, a lo que respondió: “Lo he explicado varias veces, el es-fuerzo de la ley es lograr un sector salud fuerte en donde se privilegie la salud pública, la investigación, medidas preventivas (…) y en es-te ánimo lo que estaríamos ha-ciendo es que en el consejo estatal de salud haya participación de ins-tituciones que no necesariamente son públicas”.