Anastasio Torres Montes, presidente de la Asociación Civil “Colonia La Aurora”, dio a conocer una carta dirigida al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamís Pastor Betancourt, y el edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, en la que solicita custodia oficial, pues denuncia las amenazas de muerte del terrateniente Ciro Vergara Barrios y los antecedentes de desapariciones y homicidios desde 2016 hasta 2025.
En el documento se relata que en 1999, se protocolizó la compra de un predio rústico denominado “La Aurora”. Con el tiempo, los fundadores de la colonia se independizaron, surgiendo disputas por la propiedad de los terrenos. Ciro Vergara Barrios logró apropiarse de dos hectáreas y, en 2016, fue demandado por invasión.
En 2016 ocurrió la desaparición de Bonifacio Uribe Téllez, uno de los demandantes contra Ciro Vergara. En 2022 fue asesinada Cristina Moncayo, presidenta de la colonia. Un año después fue ultimado el abogado Humberto Romero Hernández, involucrado en la regularización de terrenos.
No solo eso, en 2024 se perpetró un atentado contra Virginia Gayosso, nueva presidenta de la colonia; su esposo Efrén Hernández Pacheco fue ultimado en el ataque. Ese mismo año ocurrió la desaparición de Agustina Hernández Hernández tras un enfrentamiento verbal con el hijo de Ciro Vergara.
En febrero de 2025, Anastasio Torres Montes recibe una amenaza directa tras intentar recolectar firmas para la escrituración de terrenos.
Por todo lo anterior, el denunciante pide al titular del Poder Ejecutivo en Puebla apoyo para la construcción de una capilla en un terreno que originalmente era área de equipamiento, pero que ha sido invadido y vendido en lotes. A la fiscal del estado le solicita una orden de restricción contra Ciro Vergara Barrios y su esposa. También pide la asignación de dos elementos de la Guardia Nacional para su protección.
Al presidente municipal de Huauchinango le exige detener una obra en la Manzana-7 de la colonia, la cual considera irregular.
El documento busca la intervención de las autoridades para frenar la invasión de terrenos, garantizar la seguridad de los colonos y esclarecer los crímenes relacionados con el conflicto.
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