Con la explotación de 80 minas de metales y no metales, ubicadas principalmente en la Sierra Norte y Nororiental, Puebla está dentro de los primeros estados que contará con la protección de la Policía Minera, corporativo de élite creado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que será responsable de proteger los yacimientos de los cárteles del narcotráfico.
Este domingo, se realizó la primera instalación del Servicio de Protección Federal en la Mina La Herradura en el municipio de Caborca, Sonora.
Luego de la considerablemente baja en el robo de combustible o huachicol a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en el asalto a trenes de carga, el crimen organizado ha diversificado su actividad con el hurto de metales y barras de doré –aleación de oro y plata- a mineras del país, que se ha convertido en el negocio más rentable durante la emergencia sanitaria por el virus Covid-19.
Esto se debe a que las mineras se encuentran instaladas en zonas rurales con escasa población y difícil acceso, donde en algunos casos ya operan bandas criminales como trasiego de drogas, personas y mercancía robada.
El asalto en este año a las mineras Nochebuena y Mulatos, en el estado de Sonora, por concentrar el 24 por ciento del oro total que se extrae de la nación, obligó al gobierno federal a crear la primera policía minera en México.
Durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía otorgó más de 3 mil concesiones mineras que implican alrededor de 15 millones de hectáreas, lo que significó un crecimiento del 77 por ciento de esta actividad económica.
De acuerdo con el estudio “Panorama minero del estado de Puebla”, efectuado por el Servicio Geológico Mexicano de la Secretaría de Economía federal, en la entidad operan al menos 80 minas de metales y no metales en la Sierra Norte y Nororiental, de las cuales siete aún se encuentran en etapa de explotación y el resto trabajan desde hace varios años.
En Puebla, el valor de la producción minera estatal ascendió en 2018 a 9 mil 714 millones 965 pesos, participando con el 3.60 por ciento del valor total nacional.
En la actualidad, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, reveló que el 3.9 por ciento de la superficie del estado de Puebla estaba ya concesionada desde el año 2011, lo cual representa una superficie de 131 mil 567 hectáreas y posiciona a la entidad en el sexto lugar nacional con mayor actividad minera.
Las cinco principales regiones mineras identificadas en la entidad poblana por el Servicio Geológico Mexicano son: Sierra Norte (oro, plata, plomo, cobre y molibdeno), Centro (oro, plata zinc y manganeso), Izúcar de Matamoros (oro plata, plomo, zinc, cobre, hierro, manganeso y estaño), Mixteca (cromo y níquel) y Tehuacán (oro, plata, plomo, zinc, manganeso y hierro).
De los casos relacionados a la minería metálica, al menos 11 están en fase de exploración y uno de reactivación de actividades producción. Todos excepto uno son de capital extranjero.
En el último año de gestión de Peña Nieto, Fundar dio a conocer que el gobierno federal otorgó 871.5 millones de pesos al gobierno de Puebla, provenientes del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, los cuales no fueron destinados para resarcir los daños causados en las comunidades por la exploración.
El organismo civil también reveló que de los 12 estados del país que recibieron el recurso, únicamente en Puebla se detectó que el gobierno estatal fue quien ejerció la totalidad de los dineros, a pesar de contar con cuatro municipios con actividad minera.
Rema se pronuncia contra Policía Minera; protegerá al poderoso, reclama
La semana pasada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que se reclutarán un promedio de 50 mil policías en este sexenio para proteger a todas las minas en el país y a otros sectores estratégicos como puertos y aeropuertos.
En septiembre, egresó la primera generación de la Policía Minera, conformada por apenas 118 agentes, quienes inicialmente estarán otorgando servicios a minerías de Sonora, Guerrero, Coahuila y San Luis Potosí.
La autoridad federal confirmó que serán las empresas las que costeen la nueva corporación y contraten sus servicios.
“Habrá una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal y estatal, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y con las zonas militares para buscar la manera más amplia de prevenir la inseguridad y disuadirla”, declaró en su momento el subsecretario de Minería, Francisco José Quiroga.
En tanto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) se pronunció en contra de la nueva Policía Minera debido a que se estaría protegiendo a un sector poderoso que despoja, deforesta, no paga impuestos e incumple con contratos a los campesinos e indígenas.
Además, condenó que el gobierno federal permita que las mineras violenten resoluciones judiciales, estén involucrados en violencia y crímenes, contaminen cuencas hídricas en total impunidad, dejen a la población enferma, fulminen los suelos, no aporten a la economía local y generen más miseria y pobreza en las comunidades.
En un comunicado, la Rema calificó “como un hecho insólito en el país y como un símbolo de falta de respeto al pueblo de México”, que el gobierno federal inaugure la primera generación 118 policías del Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras.
Con este curso de Especializaciones en Instalaciones Mineras, acusó, “se pretende proteger del crimen organizado a las corporaciones del sector, especialmente a las extranjeras que se llevan el oro, la plata y otros minerales al mercado internacional”.
Y remató: “Para la 4T no son primero los pobres, sino primero los mercenarios”.
Puebla es primer lugar nacional en conflictos mineros: OCMAL
En la última década, la resistencia social de los pueblos de la Sierra Norte han mantenido a raya a transnacionales como la compañía Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, que explotará oro y plata en la entidad.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) documentó 300 conflictos activos, de los cuales 55 se desarrollan en México.
En ese contexto, Puebla con seis conflictos contra mineras ocupa el primer lugar nacional y México es el segundo país de América por enfrentamientos entre empresas extractivas y grupos de resistencia.
Estos conflictos van desde el año 1980 hasta 2015 y se ubican en los municipios de Tetela de Ocampo, Zutla, Tlatlauquitepec, Huehuetlan El Grande e Ixtacamaxtitlan.
El pasado 4 de septiembre, el Juzgado Segundo de Distrito en Puebla resolvió a favor de la Minera Gorrión, al informar que obtuvo a su favor una resolución judicial en contra de la determinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de suspender el proceso de evaluación de impacto ambiental de su proyecto de mina a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
En un comunicado, la empresa pidió a la Semarnat reanudar el proceso de evaluación que suspendió en octubre de 2019, para que emita un resolutivo sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de su proyecto de extraer oro y plata en esa localidad.
Minería sólo genera 2% de los empleos en el país: SE
El Servicio Geológico Mexicano también precisó que en Puebla están registradas 80 plantas de diversas capacidades para tratamiento de minerales no metálicos, dentro de las que destacan 56 plantas para mármol, ónix, travertino y carbonato de calcio; tres plantas para yeso, tres plantas para feldespato, una planta para bentonita, tres de cemento, dos de concreto premezclado, tres de caolín, siete de agregados pétreos y dos de perlita.
Entre las minas que operan en la entidad se encuentra: “La Lupe” en el Municipio de Zautla, operada por Minera China JDC Minerales S.A. de C.V; “Cerro de Dolores”, operada por la Compañía Starcore Internacional Mines LTD Goldcorp Inc; “La Preciosa”, explotada por Compañías Chesapeake Gold Corp; “Tilugtic”, operada por Compañías Canadiense Almaden Minerals LTD; “La Rosa”, operada por la Compañía Canadiense Alamden Minerals LTD; “Pau y Santa Anita”, en el Municipio de Cuyoaco, operadas por Francisco Crespo Hernández; y “Ampliación Nueva Espada” y “Nueva Espada 2”, en el Municipio de Guadalupe Victoria, operadas por la Minera Gavilán S.A. de C.V, entre otras.
Sin embargo, según el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gian Carlo Delgado Ramos, la minería tampoco es significativa en términos de generación de empleo, ya que se reporta la generación de sólo 309 mil empleos directos o 2 por ciento del empleo generado a nivel nacional, lo que sólo es 0.6 por ciento de la Población Económicamente Activa.
Además, añadió en un artículo publicado por el Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla, que el empleo generado es esporádico –por el tiempo de duración de los proyectos– y no todo es en los hechos para la población local.