La Policía de Tránsito de los municipios es la autoridad en la que menos confían las unidades económicas asentadas en el estado de Puebla, 53.9 por ciento de estas refieren tenerle mucha o algo de desconfianza, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024.
Incluso, aumentó la proporción de unidades que dudan del actuar de los agentes viales, ya que en 2023 era 51.7 que desconfiaba.
Es segundo lugar en desconfianza está la Policía Ministerial, con 45.9 por ciento de establecimientos que le tienen mucho o algo de recelo; y en tercero, el Ministerio Público, con 40.7 por ciento.
La Marina es la autoridad que menor desconfianza genera entre las unidades económicas poblanas.
En cuanto a percepción de corrupción, de nueva cuenta la policía de tránsito de los municipios de Puebla se lleva el primer lugar, ya que 78.5 por ciento de las empresas consideran que incurre en actos fuera de la ley.
Después están los jueces, 74.1 por ciento los percibe como corruptos y 61.7 por ciento considera que la Policía Ministerial también lo es.
En cuanto a desempeño, la Marina es considerada por 87.8 por ciento como muy o algo efectiva; mientras que la policía de tránsito municipal es la peor evaluada, ya que 56.1 por ciento la considera poco o nada efectiva.
Por otra parte, en el estado de Puebla, 53 por ciento de las unidades económicas considera bueno el patrullaje o presencia de la policía y solo 4.6 por ciento opina que es muy bueno. En cambio, 41.8 por ciento sostiene que suele ser malo o muy malo
En 2024, 74.5 por ciento de las unidades económicas consideró a Puebla como un estado inseguro, aunque esta proporción sigue siendo elevada, es inferior a la de 2022, cuando era 80.3 por ciento.
A nivel nacional en 2023, según la ENVE, 59.1 por ciento de las unidades económicas (2.8 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia eran los problemas que más las afectaban; en 2022, este porcentaje fue de 52.9.
Además, 37.6 por ciento de las unidades económicas respondió que la falta de apoyos del gobierno fue el segundo gran conflicto que enfrentaron.
Otros más, fueron el bajo poder adquisitivo de la población, impuestos, falta de castigo a los delincuentes, trámites con el gobierno, corrupción y mala aplicación de la ley.
Asimismo, en la República, como consecuencia de haber sido víctimas de algún delito o para prevenir serlo, las unidades económicas suspendieron diversas acciones propias de su negocio.
La primera medida fue dejar de manejar efectivo o reducir a su uso al mínimo en las instalaciones de su establecimiento, también redujeron sus horarios de atención al público, producción o comercialización de sus bienes o servicios.