Poder: grave, que la SCJN no reconozca impactos negativos de la Ley Minera

“Es grave que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no reconozca los impactos y las violaciones a los derechos humanos que está teniendo la aplicación de la Ley Minera en los territorios indígenas”, advirtió Julieta Lamberti, directora de Investigación de la organización Poder, quien recordó que desde 1988 hay se han otorgado 753 concesiones en Puebla que equivalen a 28 por ciento del territorio estatal.

Entrevistada por el periodista Ernesto Ledezma para Rompeviento TV, a propósito del proyecto de sentencia que el ministro Javier Laynez Positek presentó en contra del Pueblo Maseual de la Sierra Norte de Puebla que impugnó en un amparo la Ley Minera.

La propuesta de Laynez Positek fue retirada del análisis del pleno del máximo tribunal del país la semana pasada, pero sigue vigente y será analizado en una nueva sesión que aún no tiene fecha definida.


La entrevista que Ledezma le hizo a Julieta Lamberti puede ser consultada en esta liga: https://www.youtube.com/watch?v=zrrCOjIe9Wk.

Lamberti aseveró que los pueblos indígenas son dueños del territorio en el que viven y lo preservan, por lo que les concierne cualquier decisión sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en su región.

“En ese sentido, desde (el precepto de) la autodeterminación de los pueblos indígenas, deberían ser los pueblos indígenas quienes tomaran la decisión de qué hacer con esto. Todo esto no está garantizado por estas leyes, en particular por la Ley Minera y por eso llama la atención que la Suprema Corte la incompatibilidad y la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley que claramente están afectando los derechos de los pueblos indígenas, porque por un lado no garantizan el derecho al territorio, el derecho a que los pueblos puedan autodeterminarse y el derecho a por lo menos ser quienes otorguen el consentimiento libre, previo, informado para que se realicen, se lleven adelante, o no, estos proyectos, cuando son en su territorio”, indicó la entrevistada.

Y agregó: “Por eso llama poderosamente la atención el proyecto propuesto por el ministro (Laynez Positek) porque no hay una sola autoridad en materia de los derechos indígenas como los relatores especiales y la relatora especial de (la Organización) de Naciones Unidas, que no hayan dicho que este marco normativo es contrario al sistema internacional de protección de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas”.

“Pero la Ley Minera se contrapone y violenta otros derechos (…) como el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua no solo de los pueblos indígenas sino de todos y todas las ciudadanas mexicanas. Por eso llama poderosamente la atención que se sigan privilegiando los intereses del capital privado por sobre el interés general o el interés de todas y todos”, remató.

“Justamente para poner en perspectiva la importancia que va a tener, en dado caso que se apruebe o no se apruebe el proyecto que está en la Suprema Corte, Puebla desde la aplicación de las reformas estructurales en los 80 en México, algunas de las regiones en el país, pero en particular Puebla y la Sierra Norte de Puebla, se convirtieron en regiones prioritarias para la inversión pública y privada, debido a que son regiones que tienen muchos recursos naturales y disponen de infraestructura que permiten que estos recursos naturales y estas materias primas puedan salir rápidamente y estar listas para los mercados mundiales”, explicó la directiva de Poder al inicio de la entrevista.

Y añadió: “La Sierra Norte de Puebla tiene justamente esta ubicación privilegiada y una geografía privilegiada. Hemos acompañado a organizaciones y a comunidades locales de la Sierra Norte de Puebla a partir de realizar investigación y acompañamiento y asesoría legal y justo lo que nos pusimos a investigar fue qué tanta disposición del capital privado se encontraba y encontramos que desde 1988 se habían otorgado 753 concesiones mineras en el estado de Puebla, que equivalen a 28 por ciento del total del territorio del estado. Son propietarias de estas concesiones 39 empresas matrices pero de esas 39 hay nueve que tienen más de la mitad, serían las empresas más importantes que han tenido injerencia en el territorio de Puebla”.

Abundó: “Actualmente son 310 concesiones mineras las que están vigentes, que estén canceladas no significa que una empresa no podría operar ese proyecto, sino que generalmente hubo algún problema administrativo o no pagó alguno de los impuestos y no cumplió con los pagos a Secretaría de Economía, por eso las cancelan y en cuanto cumple los pagos y trámites vuelven a quedar vigentes esas concesiones mineras y de estas empresas con concesiones vigentes las más importantes son la Canadiense Almaden de Minerals, la empresa de capital mexicano Minera Autlán y la norteamericana Sunshine Silver (Mining & Refining Corporation), esas son las empresas mineras que tienen mayor concesiones y territorio en el estado de Puebla”.