Que la parroquia de San Pedro Cuaco sea respetada como tal y su archivo parroquial permanezca ahí, a la par de que el presidente auxiliar Gabriel Silva respete la división de poderes al no intervenir en decisiones que le competen al pueblo como es la designación de mayordomos y fiscales, pues ello lacera los usos y costumbres de esta población indígena.
Estas, fueron algunas de las exigencias que vecinos de esta comunidad atliscense manifestaron, de manera pacífica pero enérgica, el mediodía de este lunes 13 de marzo frente a la Fiscalía especializada en Derechos Humanos para que la dependencia intervenga y el pueblo “logre la paz” que no tiene desde 2016.
San Pedro Cuaco, que desde los años 30 del siglo anterior se conoce como San Pedro Benito Juárez, es un pueblo del municipio de Atlixco que, si bien existía desde antes de la llegada de los españoles, fue nombrada como parroquia el 18 de agosto de 1550 por el entonces virrey Antonio de Mendoza, siendo a partir de 1901 cuando pasó a ser parte de la diócesis poblana.
La protesta de este día, contaron manifestantes, tiene profundas raíces que tienen que ver con el respeto a su identidad, a sus usos y costumbres preservados por siglos, e incluso a su organización social, cultural y ritual, que se ha visto lacerada por decisiones políticas y eclesiásticas.
La problemática, señalan manifestantes, se remonta a 2016, cuando Humberto Victoria Martínez fue nombrado párroco y desde sus primeros días en funciones ordenó a los fiscales trasladar el archivo parroquial a San Gerónimo Coyula, entregar las llaves y el sello parroquial, además de asignarle a él todas las limosnas y aumentar las cuotas por misa.
“Él empezó con los problemas. Si antes veníamos bien se hacían los sacramentos, pero entró Humberto Victoria Martínez y quiso bajar el archivo para Coyula, diciendo que San Pedro ya es capilla, y nosotros no reconocemos que lo sea, sino que es parroquia”, cuenta uno de los afectados.
Los vecinos de San Pedro Cuaco denunciaron además que bien hay celebraciones litúrgicas en su comunidad, estas ocurren en casas particulares o en predios de uso común, y no en el templo, como lo exigen las propias reglas canónigas.
Este descontento se reforzó con la decisión tomada en septiembre de 2021 por el actual edil auxiliar Gabriel Silva, quien nombró de manera impositiva a Pedro Meneses como fiscal presidente eclesiástico, en un acto celebrado en una cancha de usos múltiples y no en la parroquia, como suelen realizarse este tipo de actos comunales, que implican la votación y el consenso. “Él se tomó atribuciones que no le corresponden. Nombró a un nuevo fiscal y eso no le toca a él, por eso nosotros no estamos de acuerdo (…) Eso debe de hacerlo en la parroquia, porque desde aquel tiempo nuestros padres, nuestros abuelos, un fiscal se nombra en la parroquia y ahora el presidente en la cancha, no debe cambiar, debe de respetar nuestra parroquia”, coincidieron los manifestantes.
El hecho, narraron, ha derivado en la división del pueblo: de quienes apoyan la decisión de quitarle a San Pedro Cuaco su valor como parroquia y hacer de Coyula la nueva sede parroquial, a los que buscan preservar la identidad de su ella. “Si en familia hay problemas, imagínese en la comunidad. Pero todo por el presidente -auxiliar Gabriel Silva- quien nos hace esa división y como presidente debe de escucharnos, ser parejos con todos, porque nosotros somos discriminados, ¿eso es justo?”, cuestionaron alzando la voz.
“No queremos ir hasta Coyula, queremos que la documentación de los sacramentos salga a nombre de San Pedro Cuaco. Queremos que nos respeten”, pidieron al unísono los más de 100 presentes en la protesta. De paso acusaron que la Arquidiócesis no ha hecho caso a su denuncia y a la petición de que “mande” otro sacerdote que oficie y realice su labor parroquial en el pueblo, lo que les ha hecho sentirse “abandonados” y discriminados por su condición indígena.
La protesta de este lunes, además, deriva de una serie de acciones que incluido misivas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Papa Francisco, así como autoridades de distintos niveles de gobierno en Puebla y a la propia Arquidiócesis, las cuales -sobre todo estas últimas- han permanecido omisas e incluso han tachado sus actos de “desobediencia”.
“Nos deben de respetar, no lo han hecho. Todas las instituciones que han corrido en siete años, son 107 notificaciones entregadas, en ninguna nos han hecho caso. Ahora nos citaron aquí, en Fiscalía, y nosotros venimos a protestar por lo que está pasando. Nosotros solo queremos paz, tranquilidad, queremos regresar a lo de antes. Ahora ya no hay paz, el pueblo está de cabeza (…)”, expuso otro grupo de vecinos de San Pedro Cuaco, en su mayoría campesinos.