Luego que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmó un Acuerdo de Entendimiento con la empresa TC Energía, antes TransCanada, pobladores del municipio de Honey advirtieron que se han organizado para frenar el avance de la instalación del gasoducto Tuxpan-Tula, en la Sierra Norte de Puebla, que solo traerá despojo y contaminación a los pueblos.
Los lugareños son encabezados por el presidente municipal, Esteban Cercas Franco, quien dijo que no permitirá que la trasnacional introduzca el gasoducto en el territorio.
Alertaron de un posible conflicto social mayor sino se consulta a la ciudadanía de los alcances del proyecto.
Ante el Consejo Regional de los Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, efectuada en la segunda semana de diciembre, el alcalde se comprometió a no otorgar permisos ni licencias para la culminación del megaproyecto que transportará gas natural desde Texas, Estados Unidos.
En un comunicado el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dijo que dicho acuerdo fue firmado por la presidente de TC Energía, Jennifer Pierce, y busca desarrollar un sistema de transporte de gas natural desde el Golfo de México hasta el centro del país.
Esto ocurre dos semanas después de que el Consejo de Administración de la paraestatal aprobó alianzas estratégicas para concluir un tramo de 100 kilómetros del gasoducto que pasa por la entidad poblana.
A raíz de la postura de la paraestatal, pueblos organizados de la Sierra Norte participaron en el Consejo Regional en Defensa del Territorio, en el que también estuvo presente el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, la UNAC Milpa, el Taller por la Defensa de los Territorios y la organización internacional Grain, en donde se presentó un libro denominado “Territorios del agua”.
Uno de los pobladores pidió en público al alcalde de Honey, Esteban Cercas Franco, que se comprometiera “para pasar a la historia como presidente responsable” de que está en la lucha por la defensa del agua y el territorio.
En diciembre de 2017, las poblaciones indígenas de Cuatepec, en el municipio de Tlacuilotepec, y San Pablito, en Pahuatlán, lograron triunfos legales contra la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula que erige la empresa TransCanada y que impactará a 459 localidades de Hidalgo, estado de México, Veracruz y Puebla.
El Juzgado Tercero Distrito en Materia Civil con sede en Puebla ordenó la suspensión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y de la Evaluación de Impacto Social de dicha obra, así como del proceso de consulta que supuestamente había iniciado la Secretaría de Energía entre los pobladores de la localidad de San Pablito para respaldar el paso del gasoducto por esa comunidad.
A la par, el Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión a favor de pobladores de Cuatepec, por lo cual la empresa canadiense, a través de su filial mexicana Transportadora de Gas Natural de la Huasteca y la subcontratista italiana Bonatti, no podrán continuar con la construcción del ducto en el lugar.
Además, están en trámite varios juicios de amparo contra este gasoducto, debido a que bajo presiones, engaños y manipulaciones se intentó llevar a cabo la consulta a la población, reveló el abogado Raymundo Espinoza Hernández.
Uno de los juicios pide la cancelación definitiva de la obra, pues su misma planeación “está llena de irregularidades y no todas pueden ser subsanadas”.
Para el caso de Puebla, explicó están en proceso tres juicios de amparo interpuestos por pobladores de Chila de Juárez, municipio de Honey; San Pablito, en Pahuatlán y Cuautepec, en Tlacuilotepec.
Buscan desconocer a pueblo indígena para imponer la obra
El proyecto del gasoducto conectará desde Texas, Estados Unidos a Tuxpan Veracruz y ahí una parte de la estructura se bifurca hacia la Sierra Norte de Puebla y pretende llegar a Tula, Hidalgo, para transportar gas a la Comisión Federal de Electricidad.
Algunos pobladores dijeron que no tienen clara la situación que guarda el proyecto con el gobierno federal, dado que, en enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a San Pablito, municipio de Pahuatlán, se comprometió a desviar el trazo para que no afectara el territorio sagrado de los pueblos originarios.
A dos años de distancia, indicaron que no se sabe los actuales acuerdos que existen entre el gobierno federal y la empresa TransCanada encargada de la obra, en cambio.
Los integrantes del Concejo Regional indicaron que se desconoce por dónde cruzará el gasoducto.
Ramón Vera de la organización Grain y coautor del libro Territorios del agua señaló que testimonios, información del presente y del pasado, pondría en duda que el pueblo de Chila de Juárez -que está dentro de la traza del gasoducto- no es indígena para imponer la obra.
Al respecto, alertó que queriendo engañar a la población, tras contextualizar que el libro plasma la historia de las comunidades que están defendiendo su territorio, además de que contiene un diagnóstico de cuáles son las afectaciones reales del gasoducto.
En su oportunidad, Daniel Sandoval, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y coautor del libro, señaló en su momento que el gasoducto Tuxpan-Tula, lejos de tener una visión de beneficio a las comunidades, afectando a los pueblos por donde cruza.
Denuncian ante la ONU corrupción en la instalación del gasoducto
La empresa TrasnCanada, los gobiernos federal y estatal y autoridades de Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey, fueron denunciados ante la Relatora Especial para los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por actuar en contra de los intereses nacionales y los derechos de los pueblos originarios en la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.
Oliveria Montes Lazcano, quien representó a nombre del Consejo de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, expuso hace tres años la manera en que la trasnacional ha intervenido para imponer la construcción del gasoducto que transportará 889 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
La obra ha enfrentado el rechazo de los pueblos; sin embargo, la empresa se ha valido del “chantaje, el engaño y la violencia para imponer un negocio privado como el gasoducto Tuxpan-Tula”, acusaron los lugareños.
Reportaron a la relatora de la ONU las irregularidades en que han incurrido para la instalación de esta tubería y, sobre todo, las violaciones a los derechos al territorio, a la consulta pública y al consentimiento de las decenas de pueblos que serán afectados.
Además, documentó, los errores en las manifestaciones de Impacto Ambiental y de Impacto Social.
A la fecha, las poblaciones de la región serrana, entre ellas Honey, viven en zozobra por el desconocimiento del proyecto y si este avanzará a pesar de los juicios ganados que mantienen suspendida la obra.