La operación de la planta tratadora de aguas residuales del parque industrial Puebla 2000, construida en 2004 por el empresario Kamel Nacif y que hoy maneja la empresa Acuapue, ha generado un adeudo para el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) de 118 millones de pesos que se pretende aumentar en 50 por ciento, según documentación en poder de La Jornada de Oriente.
Pese a que diversas inspecciones a lo largo de su historia han confirmado un funcionamiento irregular que propicia la contaminación del río Alseseca de la ciudad de Puebla, el director del SOAPAP, Gustavo Gaytán Alcaraz, aceptó de la compañía un plan de inversión de 58 millones de pesos, a fin de que mejore su funcionamiento, pero el organismo público se comprometió a reembolsarlo, aumentando con ello la deuda a 176 millones.
Destacar dos partes del documento: “saldo por cubrir a favor del concesionario de 54.6 mdp” y “plazo para amortizar el actual capital pendiente más el nuevo adeudo del plan de inversión… llegará a su término aproximadamente en el ejercicio fiscal y presupuestal 2040”.
Pablo Loreto López, especialista en vigilancia ambiental que fue asesor técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró en entrevista con La Jornada de Oriente que corroboró la mala operación de la planta en una visita efectuada en abril de 2023.
Debido a que el Congreso de Puebla tiene la obligación de avalar o rechazar lo convenido por Gustavo Gaytán, hizo un llamado a los diputados a verificar los alcances del acuerdo, pues alertó que sería un error permitir que el Soapap absorba como deuda una inversión que Acuapue está obligada a realizar.
Kamel Nacif operó la planta sin permisos
La planta tratadora que actualmente brinda servicio a los parques industriales Puebla 2000, Chachapa y La Resurrección, así como a tres polígonos de la zona habitacional adyacente al primero, fue construida en 2004 por Kamel Nacif, dos años antes de verse involucrado en la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho que lo hizo huir a Líbano desde 2019.
De acuerdo con una investigación periodística que retomó La Jornada de Oriente en 2007, el empresario textilero invirtió 80.8 millones de pesos en la edificación y operó hasta 2006 sin permisos del ayuntamiento de Puebla, la Conagua, el Soapap, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/03/27/puebla/ecl303.php
La Profepa clausuró la planta el 14 de mayo de 2005, tras múltiples quejas de la población que habitaba en los alrededores, por la presencia de olores fétidos.
“Los olores generados al interior de la planta (…) se debieron básicamente al manejo inadecuado de los lodos producidos por el proceso físico químico (…) el tratamiento de los mismos con los procesos de digestión aeróbica y deshidratación de lodos no operaban adecuadamente por problemas de diseño”, concluyó la Gerencia de Saneamiento del Soapap en un análisis que realizó de esa clausura, fechado el 28 de enero de 2013, del que este medio de comunicación tiene copia.
Mal manejo de lodos, un problema sin resolver
Acuapue entró a escena el 7 de junio de 2010, al ganar un título de concesión emitido por el Soapap para reactivar la planta tratadora, a fin de que se encargara de su rehabilitación, mantenimiento y operación durante 20 años que concluirían en 2030.
Sobre el funcionamiento de Acuapue, La Jornada de Oriente tiene en su poder documentación de la Gerencia de Saneamiento del SOAPAP emitida en 2013 en la que se da cuenta de diversas sugerencias realizadas a la empresa, para abatir “posibles problemas ambientales en el entorno del sistema de tratamiento”, motivados principalmente en que el diseño del digestor que dispone la planta “resulta menor para el volumen de lodos producidos”.
Una década después el problema con el manejo de lodos continua, de acuerdo con la inspección que realizó en abril de 2023 Pablo Loreto, actual integrante Colectiva por el Bienestar Social, organización que lucha por el adecuado tratamiento de las aguas residuales en la capital poblana.
El especialista señaló que en esa visita verificó un manejo de lodos tóxicos bajo condiciones que incumplían la regulación en materia de residuos peligrosos, así como una operación de la planta a menos de la mitad de su capacidad, por lo que las aguas se vierten al Alseseca sin un tratamiento correcto.
Gustavo Gaytán avala permanencia de Acuapue
Cinco meses después de que diversos medios de comunicación del estado dieron cuenta de las condiciones en las que opera la planta tratadora de Acuapue, el director del SOAPAP, Gustavo Gaytán, y el administrador único de la firma, Luis Ángel Casas Arellano, firmaron una ampliación de la concesión el 28 de septiembre pasado, para prorrogarla por lo menos al 2040.
Cuando faltaban siete años para que concluyera la relación contractual, la compañía justificó su continuidad en un programa de inversión por 58 millones de pesos que –argumentó– le permitirá cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que desde abril de 2023 endureció los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.
Aunque en la cláusula cuarta del convenio modificatorio se señala que Acuapue aportará la inversión de 58 millones de pesos, en la sexta se precisa que el SOAPAP reconoció ese monto como un “nuevo adeudo”, es decir, un “saldo a cubrir a favor del concesionario”.
En caso de que el Congreso apruebe el convenio modificatorio, los 58 millones de pasivos se sumarán a los 54.6 millones de pesos que el SOAPAP todavía adeuda a la compañía por los 20 años de funcionamiento.
De acuerdo con el convenio modificatorio del título de concesión, el SOAPAP paga el adeudo a Acuapue con el cobro de tarifas a los usuarios del servicio de saneamiento que brinda, cobro del que es responsable la empresa Agua de Puebla, quien recibió en concesión los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales de la capital y algunas colonias de los municipios conurbados desde 2014.
La ampliación de la concesión podría superar los 10 años
Aunque Gustavo Gaytán informó al Congreso que la ampliación de la concesión de Acuapue sería “por 10 años”, según el resumen que se leyó en la Comisión de Hacienda del 23 de agosto pasado –donde se dio entrada a la solicitud de autorización–, el convenio modificatorio abre la puerta a que ese periodo sea mayor y la relación contractual vaya más allá de 2040.
El plazo podría ampliarse porque la clausula sexta sobre la amortización de la inversión especifica que el término de una década es aproximado, ya que el título de concesión llegará a su conclusión hasta que “el capital pendiente de pago sea amortizado”.
Las acciones que contempla el programa de inversión se dividen en dos: la construcción de tres colectores denominados 18 de noviembre, La Ciénega y Ampliación Chachapa, en un periodo de seis meses; así como la adecuación y reingeniería de la Planta de Tratamiento “Acuapue” –localizada sobre la carretera a La Resurrección–, con una duración de 33 meses.
Acuapue está obligado a realizar la inversión: Pablo Loreto
Pablo Loreto advirtió que sería un error permitir que el Soapap absorba como deuda una inversión que Acuapue está obligada a realizar, por lo que la primera obligación del Congreso en el análisis del tema es verificar esa situación para impedirla.
“Cuando entra en vigor la nueva norma (NOM-001-SEMARNAT-2021), sí es más restringida, pero señala que los títulos de concesión se deben adecuar a las nuevas condiciones, para eso es el concesionamiento”, explicó.
Agregó que la obligación de cumplir con la norma forma parte del título de concesión, motivo por el cual las inversiones tendrían a lo sumo que repercutir en la tarifa de los usuarios, pero no pueden convertirse en deuda pública.
Consideró incorrecta la visión del SOAPAP de facilitar a la compañía el cumplimiento de sus responsabilidades, máxime cuando la firma ha sido “fraudulenta” por no sanear el agua contaminada que se descarga al río Alseseca.