Previo a su liberación, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la fiscal Idamis Pastor Betancourt la revisión exhaustiva del proceso en contra de Renato Romero, así como su protección como defensor de los derechos humanos.
Asimismo, pidió que se considere la posibilidad otorgar una medida que permita regresar a su domicilio, garantizando la continuidad del proceso y el respeto a sus garantías individuales, sin que ello implique violaciones a la Ley.
En un comunicado, informó que, tras una serie de reuniones con familiares del activista, detenido desde el pasado martes, determinó solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE), respetando el debido proceso, que Renato se adhiera al mecanismo de protección a personas defensoras.
El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, precisó que este mecanismo opera a nivel federal, pero también se vincula con entidades federativas como Puebla, para reforzar la protección a personas.
Lo anterior, en virtud de su trabajo con la defensa de los derechos de otras personas.
“En sus facultades de conciliar intereses entre las partes involucradas en un conflicto de carácter político y social, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, solicitará a la Fiscalía General del Estado, apegarse a este mecanismo que, entre otros propósitos, tiene el de emitir la recomendación para garantizar la seguridad e integridad física de las personas en riesgo”, se lee en la misiva.
Además, agregó que este mecanismo fomentará la colaboración entre víctimas, organizaciones y autoridades, para fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos.
A través de redes sociales, la Segob también difundió la petición oficial que hizo a la Fiscalía de Puebla, donde destacó que “en ejercicio de los derechos humanos que asiste a todo ciudadano mexicano, y considerando la importancia de garantizar la justicia y la equidad en el proceso, solicitó a la fiscal Idamis Pastor Betancourt que revise exhaustivamente el proceso seguido contra Renato Romero Camacho”.
La dependencia estatal argumentó que esta petición se fundamenta en los principios de derecho ante la Ley de Igualdad entre las partes, por lo que remató “espero que se tome en cuenta la importancia de proteger a los derechos humanos y la dignidad de las personas involucradas”.
La mañana del martes, alrededor de las 7:15 horas, agentes ministeriales en la colonia Granjas Puebla, detuvieron al campesino Renato Romero Camacho, dirigente del movimiento en defensa de la Cuenca Libres-Oriental y opositor a Granjas Carroll de México, a quien señala de contaminar el agua y la tierra de dicha región.
Según declaró su esposa, Elia López, el luchador social viajaba solo desde el municipio de Libres hacia Nealtican, donde se celebraría una sesión de cabildo abierto para discutir la concesión de pozos de agua a la capital del estado.
Fue la empresa Concesiones Integrales de Puebla, que obtuvo desde el año 2013 la concesión que privatiza los servicios de agua, drenaje y saneamiento en Puebla, la que denunció a Renato Romero, por los delitos de daño a propiedad ajena y despojo agravado.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el Ministerio Público sustenta la acusación en los testimonios de dos trabajadores del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), quienes señalaron que un grupo de personas habría arrojado piedras a tuberías de la empresa.
