La organización Cuyoaquenses Unidos contra la Corrupción denunció que no sólo el edil de Cuyoaco, Iván Camacho Romero, se ha conducido con violencia y prepotencia, sino que sus escoltas han incurrido en amenazas, golpizas y presuntamente hasta en asaltos a ciudadanos, por lo que demandan una investigación conjunta del Congreso local y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Camacho Romero fue captado en una tienda de ropa del centro comercial Angelópolis, donde reclamó por una devolución no autorizada. Testigos relatan que el alcalde, en tono agresivo, lanzó amenazas como “ya no me sigas explicando… con la golpiza que te voy a meter vas a entender” y “los voy a levantar”. Sus guaruras ingresaron a la zona de cajas tras una señal de la pareja del edil -quien milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, intimidando directamente al empleado. Éste declaró que escuchó amagos directos que lo hicieron temer por su seguridad.
En otro episodio difundido por pasajeros, el alcalde pirita bloqueó el paso de un autobús ADO sobre la autopista Puebla–Cuapiaxtla y confrontó al chofer por un incidente anterior, acompañado nuevamente por su equipo de seguridad. Aunque Camacho negó haber agredido o amenazado, varios usuarios reportaron que el ambiente resultó intimidante.
La organización señala que, más allá de estos dos casos, hay menciones públicas y testimonios que involucran a sus guardaespaldas en agresiones físicas y presuntos robos a ciudadanos, reforzando la demanda de investigación inmediata para evitar impunidad.
Por estas razones, Cuyoaquenses Unidos insta a las autoridades estatales a asumir su responsabilidad: que el Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado no solo actúen con celeridad, sino que garanticen procesos transparentes que deslinden responsabilidades y, de ser necesario, impongan sanciones conforme a la ley.
El grupo civil concluye recordando que no basta con que sea exhibida la conducta violenta; es imperativo el seguimiento institucional para proteger a la población y evitar que el poder público se convierta en herramienta de intimidación contra la ciudadanía.
“Cuyoaquenses Unidos contra la Corrupción exige al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo una investigación integrada, autónoma y transparente. Se debe esclarecer la responsabilidad individual del alcalde, la cadena de mando en sus escoltas y sancionar los hechos si se confirma la comisión de delitos”, se establece en un comunicado.
La organización “reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad ciudadana, y convoca a la sociedad a exigir cuentas y legalidad en la acción pública”.
