Ante los traslados de más de 100 reos del Centro de Reinserción Social (Cereso) a otras cárceles del estado y del país, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) hizo un llamado al gobierno estatal para que esta medida se aplique a los presos “solo de manera justificada”, recordando que las autoridades están obligadas a garantizar que los encarcelados se ubiquen en penales cercanos a sus parientes, comunidad y defensores.
El organismo, perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla, emitió ayer a través de X -antes twitter-, un breve comunicado dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y a la Dirección General de Centros de Reinserción, en el que les hace un llamado “a respetar las garantías universales de los presos, informando “continuamente a la familia y al juzgado correspondiente acerca del traslado”.
“Ante los traslados de más de 100 personas privadas de la libertad, del Centro de Reinserción Social de San Miguel a centros del estado de Puebla y del país, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la Ibero Puebla, hace un llamado a que esta medida respete, garantice y proteja sus derechos humanos y se realice solo de manera justificada”, se indica en el documento.
Y añade: “Es necesario enfatizar que el Estado tiene la obligación de informar continuamente a la familia y al juzgado correspondiente acerca del traslado de la persona privada de su libertad. También las autoridades tienen el deber de justificar la movilidad de las personas privadas de la libertad, así como garantizar condiciones que no les ocasionen sufrimientos físicos o mentales. Por otro lado, se debe cumplir con la obligación de tomar en cuenta la necesidad de las personas de ‘estar en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso.
“Hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPEP), a la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, a la Dirección General de Centros de Reinserción y a aquellas autoridades intervinientes en los traslados, a evitar la vulneración a derechos humanos en contra de personas privadas de la libertad. Asimismo, exhortamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a ejercer su obligación de protección y supervisión en la materia”.
Una centena de reclusos que se encontraban en el penal de Puebla y 39 que estaban internados en Tepexi de Rodríguez, fueron trasladados a cárceles federales en Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Durango.
Trascendió de forma extraoficial que el gobierno de Puebla ha recibido autorización para trasladar hasta 360 personas más privadas de la libertad a centros penitenciarios federales en diversos puntos del país.