El Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala ha solicitado una revisión exhaustiva de las condiciones en las que se otorgó la concesión del basurero de Cholula a la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza. La organización civil argumenta que los graves daños ambientales ocasionados por el mal manejo de los residuos en este sitio deben ser atribuidos a la empresa y que está presuntamente ligada al senador morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández, debe hacerse responsable de las afectaciones.
Se tiene programada para una vista de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández.
En un comunicado, la organización advirtió que el basurero de Cholula ha sido un foco de contaminación durante años, afectando la salud de los habitantes de las comunidades cercanas y degradando el medio ambiente: “Los lixiviados, derrames y los incendios recurrentes en este lugar han generado un grave problema de salud pública y han puesto en riesgo la integridad de los ecosistemas”.
Recordó que la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa del Agua ha presentado una serie de pruebas documentales y testimonios que respaldan sus acusaciones. Entre éstas se encuentran estudios técnicos que evidencian la contaminación del suelo y del agua subterránea, así como denuncias de vecinos sobre enfermedades respiratorias y dermatológicas relacionadas con la exposición a los contaminantes del basurero.
“Es inaceptable que una empresa privada obtenga ganancias a costa de la salud y el bienestar de la población”, afirmó entro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala
“Exigimos que las autoridades competentes investiguen a fondo las irregularidades cometidas por Pro-Faj Hidrolimpieza y que se apliquen las sanciones correspondientes”.
La organización civil ha solicitado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que inicien un procedimiento administrativo en contra de la empresa y que la obliguen a remediar los daños ambientales causados. Asimismo, ha pedido a la Auditoría Superior de la Federación que revise las cuentas públicas correspondientes para determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de la concesión.
