El gobierno de Puebla interpuso un recurso de revisión en contra del amparo que organizaciones civiles obtuvieron para evitar que se criminalice a las personas que practiquen el aborto.
Así lo dieron a conocer este martes integrantes de las agrupaciones GIRE, Cafis y el Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), los cuales indicaron que refutarán el recurso.
Durante el evento “El derecho a decidir más allá de los congresos”, los colectivos explicaron que fue en enero de 2022 cuando recurrieron a un amparo para evitar que las mujeres que se practican un aborto sean castigadas con cárcel.
En octubre pasado la justicia federal otorgó a dichas organizaciones el amparo bajo el argumento de que la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo atenta contra los derechos humanos, principio establecido el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Representantes de las organizaciones señalaron que, al otorgárseles ese recurso jurídico, fue reconocido su interés legítimo sobre el tema, por lo que no puede criminalizarse a ninguna mujer o persona gestante, o personal médico, que reciba asesoría, asistencia o defensa de parte de ellas; sin embargo, la administración estatal rebatió este último aspecto en el recurso de revisión que presentó en contra del amparo.
Refirieron que responderán el recurso de revisión a fin de que el tema quede firme y sirva para no penalizar con cárcel a quienes practiquen un aborto en Puebla.
Los activistas recordaron que durante la actual Legislatura se han generado tres iniciativas para despenalizar el aborto, las cuales esperan que sean discutidas en breve.
Por otra parte, recordaron que en 2017 la SCJN emitió una jurisprudencia en la que se indica que los congresos locales no tienen facultades para definir cuándo inicia la vida, sino que debe ser la Federación.
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Recordaron que en noviembre de 2020 llevaron a cabo la “toma” del Congreso local para impulsar la despenalización del aborto, lo que –aseguraron– creó un antecedente importante en la lucha por no criminalizar a las mujeres que interrumpen un proceso de gestación.