Sábado, julio 13, 2024

Pide Ambrosio Guzmán que Unidad de Inteligencia Financiera investigue la reconstrucción de daños del sismo

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En una carta dirigida a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en poder de esta casa editorial, el delegado del Centro INAH–Puebla, Ambrosio Guzmán Álvarez, hace un recuento de las irregularidades que encontró a un año y medio de distancia que asumió el cargo, desde el proceso entrega–recepción que nunca se dio de manera formal por parte del antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera, titular saliente, hasta una cadena de corrupción entre los arquitectos peritos y la falta de pericia de algunos directivos que han impedido la reconstrucción de los 621 inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Esta misiva le habría valido a Guzmán Álvarez frenar su salida del INAH para este martes, a pesar que entre el personal del Instituto fue presentado Manuel Villarroel, de la Coordinación de Monumentos de oficinas centrales, como el nuevo titular en Puebla.

Derivado de todas las situaciones de irregularidad, Ambrosio Guzmán le informó a la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que solicitó apoyo del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se inicie una investigación de los recursos públicos.

También pidió que se indague sobre los notorios automóviles de lujo de los arquitectos peritos del INAH, quienes serían los beneficiados de las adjudicaciones directas de las obras.

En el documento de cuatro cuartillas expuso que no se han podido aplicar los recursos de manera correcta o de acuerdo a la normatividad vigente para la reconstrucción de los inmuebles históricos, debido a la premura y falta de pericia de los directivos de la dependencia federal.

Mientras que del proceso entrega–recepción, dijo que únicamente le fue entregado anexos con información parcial y en ninguno de ellos se explicó la situación que guardaba el denominado “Programa de Sismos 2017” ni la situación jurídica, laboral y de inventario del Centro INAH Puebla.

A Beatriz Gutiérrez, informó que el Instituto contaba con un seguro que cubría siniestros en la banca Banorte, que mediante el pago en especie y la aportación de los datos fiscales de las constructoras, elegidas a discreción y sin elaborar proyectos de intervención, dijo que pagaría los trabajos con el único requisito de presentar facturas avaladas por arquitectos especialistas adscritos al organismo.

Guzmán Álvarez expuso que en noviembre pasado se le informó verbalmente de voz del antropólogo Omar Vázquez Herrera, que la única manera de ingresar esos expedientes para ser pagados con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sería por la vía de Adjudicación Directa por Excepción, con fechas atrasada, por medio de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del INAH.

Sin embargo, indicó que no han podido avanzar en la integración de expedientes, porque los 10 arquitectos peritos de la Sección de Monumentos no muestran cooperación porque les afecta a sus intereses.

Por lo tanto, refirió en la carta que solo se tiene formalizado siete expedientes para pago por medio de adquisición directa a través de Asuntos Jurídicos.

Banorte se niega a pagar totalidad del seguro por sismo

Desde diciembre de 2019, Ambrosio Guzmán reveló que no se realizan pagos a ningún proveedor ni empresa.

La última vez, refirió que se erogó el monto de 831 millones 919 mil pesos a los constructores que se encargaron de las restauraciones, recursos que procedieron de la aseguradora Banorte, con el argumento que por el cierre fiscal se debía facturar con fecha de 2020.

Para enero de este año, el delegado del INAH en Puebla le informó a Gutiérrez Müller que recibió una llamada del director General, Diego Prieto Hernández, quien le comunicó de manera verbal que la aseguradora Banorte se estaba negando a realizar los pagos faltantes, arguyendo que no contaba con recursos ya que el monto de la póliza se había agotado.

Hasta el día de hoy, con la serie de problemas que ha generado con la pandemia, dijo que la Dirección General ni las Coordinaciones Nacionales ha dado solución al pago a las constructoras, situación que también está fuera de sus manos de resolver.

De los recursos provenientes del Fonden –expuso– se apuntalaron 123 inmuebles en el estado, bajo la orden del arquitecto Salvador Camarena, encargado del “Programa Sismo” a nivel nacional, quien además les dio la indicación que se iniciaran los trabajos en la mayoría de los edificios afectados.

En el documento, el arquitecto manifestó que Banorte dio el manifiesto de tener un tope de gastos por mil 218 millones de pesos, para financiar las obras. Estos recursos fueron administrados por la Ley de Obra Pública, pero derivado de que muchos inmuebles ya se habían intervenido nadie quería hacerse responsable de los pagos a las empresas.

A dos años del sismo, afirmó, no hay una vía de pago para las compañías constructoras.

A esto sumó el rezago que tiene el INAH en la liberación de licencias para la autorización de obras de intervención de los bienes muebles e inmuebles históricos.

“Hay una cadena de corrupción derivada de las autorizaciones de obras por parte de los arquitectos supervisores, las cuales nunca debieron autorizar por dañar el patrimonio”, destacó.

Finalmente, Ambrosio recordó que el gobierno del estado que encabeza Luis Miguel Barbosa Huerta, aprovechando el periodo de asueto por el 20 de noviembre, instaló en el atrio de la Catedral de Puebla la réplica de la Capilla Sixtina.

Dicha obra afirmó nunca fue consultado por el INAH Puebla.

Por rebasar las alturas permitidas, así como generar “un grave daño al atrio” por la presencia de maquinaria pesada y alterar el entorno visual, informó a la académica que procedió a la clausura de los trabajos, como dicta la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas.

“En consecuencia, el gobernador en una plática vía telefónica con el director General del INAH, llegó a un acuerdo político, por lo que lo sellos de clausura solo permanecieron por unas horas”, reveló.

Tal situación, dijo que lo puso en una situación poco ética y confesó que estaba decidido a presentar su renuncia, ya que las críticas de los medios de comunicación y del medio académico en el que se desarrolla plantearon la posibilidad que hubiera recibido alguna dádiva, poniendo en duda su integridad y prestigio.

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