De acuerdo con un análisis que el economista Jorge Chávez Palma realizó del presupuesto 2012 del Poder Ejecutivo de Puebla se desprende que la administración de Rafael Moreno Valle sólo destinó 4.8 por ciento de los fondos a los rubros de desarrollo e infraestructura, lo cual contrasta de manera brutal con el empleo de más de 90 por ciento del erario al gasto corriente, el pago de nóminas y en general al mantenimiento del aparato del gobierno estatal.
A partir de dicho manejo del erario estatal es posible entender por qué, de acuerdo con datos del gobierno federal, en los dos últimos años la entidad poblana registró uno de los mayores crecimientos del país en los índices de pobreza y de pobreza extrema, ya que los fondos destinados a procurar un mejor desarrollo para la población fueron insignificantes, y por esa razón en lugar de contribuir a elevar la calidad de vida fueron un factor para incrementar el deterioro social.
El problema de fondo no es la falta de riqueza, ya que Puebla tiene una presupuesto superior a los 65 mil millones de pesos y de los más altos del país, sino como se está distribuyendo esos recursos. En el caso del gasto del gobierno se ha destinado la mayor parte de la inversión a proyectos y obras que no generan desarrollo social, y se abandonaron áreas prioritarias como es el campo, los pueblos indígenas, el combate a la pobreza, el rezago educativo y el cuidado del medio ambiente.
Ante esa condición es fundamental exigir al Congreso del estado que asuma su papel de ser un contrapeso del Poder Ejecutivo y busque cambiar la manera en que se reparte el gasto público, ya que si continúa la misma tendencia, la entidad poblana sufrirá una crisis social –mayor a la que ya enfrente– que tardará décadas en poder ser solucionada.