Especialistas advierten que pese a los esfuerzos que hay en Puebla por limitar el derecho a la interrupción legal y segura del embarazo, a través de la inclusión del concepto de “objeción de conciencia” en la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud que fue presentada el jueves 25 de septiembre, el derecho no se podrá frenar debido a los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan a dar este servicio en los hospitales de Puebla.
Algunas de las entrevistadas afirmaron que en caso de que la reforma sea aprobada podría ser revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser contraria a la jurisprudencia que determinó que no se puede establecer algún tipo de prohibición al aborto legal y seguro antes de las 12 semanas de embarazo.
Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez Sandoval, exlegisladoras impulsoras de la despenalización del aborto en Puebla concretada en 2024, junto con las activistas Cinthya Ramírez de la colectiva Red Define y Nataly Hernández del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis A.C.), destacaron que aunque la reforma propuesta introduce la figura de objeción de conciencia, las instituciones están obligadas a contar con personal médico no objetor, conforme a los parámetros de la Suprema Corte, que regulan y limitan el uso de esta figura.
Las feministas entrevistadas descartaron que la iniciativa represente una concesión a la iglesia católica y aseguran que el aspecto fundamental del proyecto es ofrecer garantías para la prestación del servicio con calidad y respeto a los derechos humanos, en concordancia con otras leyes vigentes en Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Baja California Sur.
La exdiputada del PRI, Rocío García, aclaró que la objeción de conciencia es un derecho del personal médico reconocido por la Suprema Corte, pero debe regularse para no obstaculizar la atención. “Lo relevante de la propuesta es que se adiciona un capítulo sobre interrupción segura del embarazo, que obliga a garantizar el acceso, con parámetros claros y respeto a los derechos humanos”, subrayó.
“Lo que la iniciativa propone está apegado a los criterios de la SCJN que menciona que la objeción de conciencia es un derecho del personal médico; sin embargo, este derecho tiene límites y debe regularse. La propuesta incluye la objeción de conciencia a nivel general en toda la ley de salud, ya que no solo se puede objetar conciencia en el procedimiento de aborto, agregó.
Por su parte, Estefanía Rodríguez advirtió que la objeción de conciencia ha servido para limitar el aborto en otras entidades del país, aunque en Puebla la reforma busca impedir ese tipo de barrera. El mandato legal es asegurar personal capacitado y no objetor para atender a las mujeres que requieran el servicio de aborto legal y gratuito.
“Es una figura que al final se puede prestar a pensar en un retroceso de derechos. Pero en este caso se está regulando y se está limitando. Es válido que el personal médico decida ocuparla, pero los hospitales deben de contar con mecanismos para garantizar el derecho a un aborto legal y seguro”, expuso.
Cinthya Ramírez apuntó que la objeción de conciencia podrá ejercerse, pero solo bajo marco regulado y al ingresar en instituciones de salud. Señala que la propuesta protege tanto al personal médico como a las usuarias, al exigir que siempre haya disponibilidad de quienes sí puedan brindar el procedimiento.
“Lo que se busca es que las usuarias no se topen con personal médico que sea objetor de conciencia. Se blinda al personal médico, pero también a las usuarias”.
Agregó que la objeción de conciencia se encuentra en general en toda la propuesta de ley, es decir, es para cualquier tipo de procedimiento médico y no únicamente en lo relacionado con el aborto legal y seguro.
“En la ley se adiciona un capítulo sobre interrupción segura del embarazo, lo que se busca es dar parámetros a los médicos sobre cómo realizar este servicio. El personal puede ser objetar conciencia pero es obligación de los hospitales contar con personal médico no objetor que además esté capacitado”, acotó.
Nataly Hernández, de Cafis AC, coincidió en que la iniciativa no cede ante intereses religiosos, sino que clarifica y brinda certeza jurídica a profesionales médicos. Añade que el proyecto ha sido revisado por diversas colectivas para evitar zonas grises en la aplicación del derecho a la objeción de conciencia.
La fracción de Morena en el Congreso del estado presentó el pasado jueves una reforma a la Ley Estatal de Salud que plantea que médicos puedan negarse a practicar un aborto en Puebla por “objeción de conciencia”.
La iniciativa, impulsada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, señala que “el personal médico y de enfermería del sistema estatal de salud podrá ejercer de manera personal el derecho de objeción de conciencia, consistente en la imposibilidad de realizar algún procedimiento médico, cuando se oponga de forma directa, auténtica y grave contra sus convicciones”. Sin embargo, delimita que este derecho no se podrá ejercer “cuando la vida de la persona usuaria esté en riesgo, le produzca secuela o discapacidades, implique urgencia médica o no exista alternativa viable o accesible para la atención.
