A más de dos años de la explosión de gas en San Pablo Xochimehuacan, que dejó cinco personas fallecidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido por incumplimiento una segunda recomendación al ayuntamiento de Puebla y a Petróleos Mexicanos (Pemex), para la reparación integral colectiva de 265 víctimas.
El organismo federal solicitó al gobierno capitalino entregue las viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas de nueve víctimas, quienes sufrieron daños en dichos bienes. Además, la CNDH dirigió la recomendación número 169/2023, luego de comprobar que las autoridades mencionadas omitieron llevar a cabo acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, así como proteger las viviendas y los bienes de las familias que viven en Xochimehuacan. Determinó también, que hubo omisión y habrá consecuencias penales y administrativas contra las autoridades por permitir la construcción de viviendas sobre los ductos de la paraestatal.
Lo anterior que refleja no solo la construcción de riesgos para la población asentada sobre los ductos de Pemex, sino la forma en que se fueron consolidando diversos espacios urbanos al amparo del poder político que permitió y “legalizó” la construcción ilegal de viviendas en zonas de ductos, donde hoy están asentadas 22 colonias del municipio de Puebla y que en la actualidad también son áreas de extracción ilegal de combustibles que potencian el riesgo, justamente por las fugas que pueden presentarse.
Además, la CNDH pidió la creación de un Programa Integral de Recuperación para el restablecimiento de las franjas de seguridad, hasta obtener sus condiciones y dimensiones originales en 22 colonias de la zona, lo que obliga a las autoridades mencionadas a no ser omisos ante los riesgos y la problemática del huachicol y huachigás presentes en esa zona.
Por su parte, el edil capitalino, en conferencia de medios, subrayó que acatará la recomendación a pesar de que se trata de un tema complejo que su administración heredó, pues la ubicación irregular de predios, colonias y viviendas data de hace décadas y se verá con Pemex si existe la posibilidad de desviar los ductos a otra zona donde no afecte a la población.
Los diagnósticos y recomendaciones están, ahora las instituciones y autoridades deben actuar consensando con los vecinos y pobladores las acciones a desarrollar.