El senador del PT–Morena Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas inició una campaña de intimidación contra presidentes municipales del estado para obligarlos a firmar un documento en el que le imputarían actos de corrupción falsos.
Aseguró que las acciones forman parte de una venganza en su contra por revelar a nivel nacional los actos de espionaje en los que incurrió Moreno Valle en su paso por Casa Puebla y tras su salida del poder, ya que la coacción se emprendió a la par de una queja que se presentará ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el aspirante del PAN a la presidencia del país por violaciones a la privacidad y otras garantías fundamentales.
“Esta es una conducta más del gobierno de terror que impuso Rafael Moreno Valle y que se ha extendido a la actual administración a través del Secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, y la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA)”, indicó.
Aseguró que Carrasco y funcionarios de la SFA están citando a presidentes municipales para obligarlos a declarar que le entregaron dinero a cambio de las gestiones de obra que realizó ante el Congreso de la Unión para sus demarcaciones.
“Niego rotundamente tales señalamientos, más aún cuando la mayor parte de las obras en municipios fueron ejecutadas por el gobierno del estado, violando los convenios que para tales fines se firmaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, agregó.
Moreno Valle quiere tender una cortina de humo, acusa
Para Barbosa se trata de una “cortina de humo” con la que Moreno Valle intenta intimidarlo con la finalidad de que deje de hablar de la denuncia que presentó el ex funcionario del Cisen Rodolfo Raúl González Vázquez en contra del ex gobernador, en la que este último responsabilizó al panista de instalar y operar un centro clandestino de vigilancia en Puebla con recursos públicos del estado que pretendía localizar personajes incómodos para su ejecución.
La PGR, prosiguió, tiene los elementos suficientes para investigar hechos como asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, amenazas, entre otros hechos delictivos.
A su vez, el ex titular de la Secretario General de Gobierno de Puebla Fernando Manzanilla Prieto, quien respaldo la denuncia de González Vázquez de la misma forma que Barbosa, detalló que la queja por violaciones a garantías fundamentales no solo se presentaría ante la CNDH, sino también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).