Activistas y defensores de derechos humanos condenaron el robo del que la madrugada de este martes fue víctima el jefe de Información de La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García Hernández, al asegurar que se trata de un acto de intimidación que busca generar miedo entre la población.
Los activistas sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) esclarecer el caso y a las autoridades de los tres niveles de gobierno otorgar medidas de protección al periodista así como garantizar el derecho a la información de las personas.
En su denuncia, García Hernández expuso que el asalto se habría cometido durante la madrugada y cuando él no se encontraba en su domicilio; la chapa de la reja que da a la calle se encontraba violada y en la misma situación estaba la puerta de acceso a la vivienda.
En el interior los ladrones solo hurgaron en los cajones de los muebles que había en la sala, en la recámara del periodista y en su estudio. No se llevaron tres pantallas ni un equipo de sonido ni otros objetos de valor. Ni siquiera tocaron dinero en efectivo que había dejado a la vista. Tampoco hurtaron su vehículo, que se encontraba estacionado en la cochera y cuyas llaves estaban disponibles en el interior de su casa.
Interrogado sobre el tema, Luis Hernández Navarro, quien es coordinador de opinión de La Jornada, calificó el caso como “sumamente preocupante y delicado”.
Desde su óptica, el robo puede tratarse de un intento de apropiarse de investigaciones periodísticas como una “advertencia mafiosa” a García Hernández y a La Jornada de Oriente.
“En días en los que la prensa y los periodistas están bajo ataque, es un mensaje que alerta sobre su vida o integridad física. El crimen debe investigarse y los responsables deben ser castigados, Fermín debe ser protegido”, sentenció.
Sobre el tema, Tonatiuh Sarabia Amador, representante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, condenó el crimen al referir que las características del mismo buscan intimidar a los periodistas en su labor de informar y de coartar a la sociedad de su derecho a estar informada.
El activista señaló que el mensaje intimidatorio también es para la población en general, pues se envía la idea de que si un periodista es víctima de ese tipo de hechos, este mismo le puede ocurrir a cualquier persona.
Desde su punto de vista, el robo tiene la intención de intimidar y este puede provenir de cualquier tipo de poder, como el gubernamental, el fáctico, que se refiere al sector empresarial, o inclusive del crimen organizado.
En ese sentido, externó su solidaridad con el jefe de Información y con La Jornada de Oriente al tiempo que demandó a los tres niveles de gobierno que se garanticen medidas de seguridad suficientes para García Hernández a fin de que continúe con su labor periodística.
En tanto, Miguel Ángel Burguess, representante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, refirió que el robo del que García fue objeto es un hecho reprobable y que preocupa, pues se convierte en un acto de intimidación que atenta contra el derecho a la información.
En el mismo sentido, demandó a la FGE que el caso se esclarezca para conocer quién está detrás de ese tipo de actos.
Indicó que el crimen tiene la intención de generar miedo entre los comunicadores, pues García Hernández no es el único periodista que puede dar voz a quienes desean dar cuenta de algo, pero con el robo del que fue objeto sí se envía un mensaje de miedo a todos los medios de comunicación.
Carolina González Barranco, también representante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, coincidió en que el hecho es una “señal muy clara” de intimidación y cuestionó que hasta ahora se desconoce el paradero del equipo de espionaje que adquirió el gobierno de Rafael Moreno Valle, mismo que acostumbraba a hacer ese tipo de actos.
Pidió a las autoridades garantizar el derecho a informar y a estar informado, que tienen todas las personas, así como la integridad física de García Hernández.
Por su parte, la activista María Eugenia Ochoa, integrante de varios colectivos defensores de los derechos humanos, entre estos la Asamblea Social del Agua, señaló que ese tipo de actos son lamentables pero no deben dejarse pasar por las autoridades, por lo que demandó a la Fiscalía esclarecer el caso.
Desde su experiencia, refirió que ese tipo de crímenes tienen un fin intimidatorio por lo que exhortó al gremio periodístico a no abandonar su labor de informar a la sociedad y, al mismo tiempo, pidió a las autoridades salvaguardar la integridad de los comunicadores.
Ochoa hizo un llamado a la sociedad a solidarizarse con García Hernández así como con La Jornada de Oriente para evitar que atracos como ese ocurran nuevamente.
En tanto, la Colectiva por el Bienestar Social se solidarizó con La Jornada de Oriente al señalar que se trata de un acto en contra de la libertad de expresión.