Pemex y el gobierno federal deben atacar el huachicol en la zona norte del municipio, subrayó el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez, tras la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras las explosiones de octubre de 2021 en San Pablo Xochimehuacan que arrojaron un saldo de cinco personas muertas.
En conferencia de medios, Rivera Pérez subrayó que acatará la recomendación a pesar de que se trata de un tema complejo debido a que más de 20 colonias se ubican sobre los ductos de Petróleos Mexicanos.
“Con base en sus competencias el gobierno de la ciudad actuará para salvaguardar la integridad de las personas. Es muy importante que Pemex y el gobierno federal estén al pendiente del uso responsable de toda esa zona para evitar el huachigas y el huachicol. Es muy importante hagan su chamba para evitar accidentes como el de San Pablo Xochimehuacan”, subrayó.
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Expuso que es complejo llegar a una solución total de la problemática, debido a que se entra al dilema de analizar la reubicación de los vecinos e incluso de colonias enteras.
Agregó que el gobierno municipal ha recomendado no instalar viviendas o comercios en asentamientos donde transitan los ductos de Pemex, además de que ha notificado a aquellas personas que se ubican en zonas de alto riesgo.
Subrayo que preguntará a Pemex si existe la posibilidad de desviar los ductos a otra zona donde no afecte a la población.
Asimismo, como lo establece el resolutivo de la CNDH, Eduardo Rivera nombró a Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Desarrollo y Gestión Urbana como enlace coordinarse con el organismo y con Pemex para darle salida a la recomendación.
Afirmó que se trata de un tema complejo que su administración heredó, pues la ubicación irregular de predios, colonias y viviendas data desde hace décadas.
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Destacó que su administración aceptó la recomendación porque es un gobierno sensible que tiene la intención hacer planes de verificación de manera muy puntual en la zona de riesgo, así como el censo de personas afectadas.
Cabe subrayar que entre las recomendaciones al ayuntamiento capitalino por parte del organismo destaca que en un plazo no mayor a seis meses deberán realizar de manera coordinada un censo actualizado para conocer cuántas personas perdieron la vida, cuantas sufrieron lesiones y se encuentran totalmente restablecidas, cuantas presentan secuelas y limitaciones orgánicas para el desempeño de vida; sentar las bases de la coordinación interinstitucional, para la debida atención de la problemática de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.
El resolutivo de la CNDH concluyó que “dichas autoridades omitieron acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, así como proteger las viviendas y los bienes de las familias que viven en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, lo que conllevó a una explosión por toma clandestina de gas LP, lo que afectó a 265 habientes.
“Pemex y el ayuntamiento no tomaron las debidas diligencias para actuar de manera necesaria en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y derecho de vía por construcciones irregulares en el lugar de los hechos, por lo cual resultan responsables de las consecuencias por la extracción ilegal de gas, en tanto que tienen un deber de cuidado por y frente al riesgo creado por las actividades de distribución y transporte por ductos de sustancias peligrosas por el gas”, manifestó.
Asimismo, subraya que el ayuntamiento de Puebla incumplió con las responsabilidades que lo facultan para autorizar, controlar y vigilar la autorización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, al haber permitido el crecimiento urbano irregular es San Pablo Xochimehuacan y 23 colonias más sobre los ductos conductores de combustible y su derecho de vía o franja de desarrollo del sistema.