El espionaje telefónico vía dispositivos móviles mostró ser una terrible realidad y no solo un asunto de teoría de conspiración. Según reporta el portal español El Salto, la “compañía israelí NSO espió a activistas sociales de distintos países facilitando una violación masiva de derechos humanos a escala global. Es la principal conclusión del Proyecto Pegaso, publicado por un consorcio de 17 medios de comunicación de diez países distintos que pone en evidencia prácticas de vigilancia a través de dispositivos móviles que son ofrecidas a empresas y Estados para el control de la disidencia con el nombre de ese caballo mitológico. El listado de NSO recoge hasta 50.000 números de teléfono que han sido vigilados desde 2016, se ha corroborado que fue usado al menos en 37 dispositivos”. Por su parte, el semanario Proceso reporta en su portal que “El empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama operó una red global de empresas que vendió bienes y equipo de seguridad a agencias de seguridad del gobierno mexicano, incluyendo el software espía Pegasus de la compañía NSO Group. (…) Creador del corporativo KBH, Ansbacher Bendrama montó una oficina en Ejército Nacional 598 en la colonia Polanco desde la que dirigía todos sus negocios, de acuerdo con más de 20 mil documentos que fueron entregados por un extrabajador del consorcio que ha sido contratista del gobierno mexicano desde 2007, pero que tuvo una época de auge durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto”. El reportaje del semanario detalla la manera en que, por medio de todas esas empresas, los gobiernos de Calderón y Peña se hicieron de los servicios de esta compañía, no sólo con la utilización del malware Pegaso sino de otras herramientas para el espionaje de múltiples personalidades del periodismo, la política y la administración pública. Según estos reportes, se han identificado 50 mil números telefónicos registrados en la plataforma de Pegaso de los cuales, 15 mil corresponden a México y, como fue revelado recientemente por la Unidad de Inteligencia Financiera y los propios reportajes, se habría espiado a numerosos líderes opositores a los gobiernos panistas y priistas entre los que destaca el propio presidente actual y buena parte de su gabinete; lo mismo periodistas como Carmen Aristegui y Jenaro Villamil entre muchos otros. En el extranjero, según señala el reportaje de El Salto, “Entre los números de los que no hay constancia de que hayan sido usados, los diarios que forman parte del consorcio han identificado a más de 1.000 personas en más de 50 países: varios miembros de la familia real saudí, al menos 65 ejecutivos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos ministros del gabinete, diplomáticos y oficiales militares y de seguridad. Los números de varios jefes de Estado y primeros ministros también aparecieron en la lista”. Una auténtica caja de pandora es la que han abierto el consorcio mediático y Amnistía Internacional en la investigación que realizaron.
El caso mexicano, es en verdad un rompecabezas que se puede verificar en las investigaciones de Aristegui y Proceso y que demuestran la forma en que el poder y la iniciativa privada se alían para obtener los mejores resultados económicos, cosa que no es nueva en este país, tan depredado por los intereses privados. Lo peor, demuestra que lo hacen a escondidas y en total impunidad. No obstante, también denota la forma en que el sistema en su conjunto busca controlar o eliminar de tajo las posibles resistencias, disidencias y oposiciones. Por supuesto que no es nuevo el espionaje por parte del sistema, recordemos el afamado caso Water Gate en los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon, caso que le costó su permanencia en el puesto. En México, baste mencionar los oscuros trabajos realizados por el anteriormente conocido como Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y sus múltiples nombres, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Por supuesto, en su origen está la protección del país frente a las “amenazas” que podían existir, ya fueran “comunistas”, rebeldes y un largo etcétera que, a final de cuentas, resultaron ser lo de menos. Lo importante fue, en su mayoría, tener controlado al país por medio de la información recabada, en especial en el aspecto político. El pretexto más reciente para la adquisición de software y equipo para espionaje, en especial en los sexenios calderonista y peñista, ha sido el combate al crimen organizado. Empero, como vemos en los reportes que han salido, se utilizó más bien para el espionaje de la oposición política que al final se haría con el poder en 2018.
Es muy importante que esta información se investigue y se castigue a los responsables de semejante violación a los derechos de las personas. Sin embargo, también es importante identificar si estos sistemas se siguen implementando y por quién. Como dio a conocer Fermín Alejandro García en este mismo diario en su columna Cuitlatlán, “Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se compraron unos 800 equipos Pegasus de espionaje, de la empresa israelí NSO, los cuales en su mayoría acabaron ‘extraviados’, lo que significaba que dejaron de ser operados desde el gobierno y acabaron en manos particulares o utilizados para fines privados. Es decir, se usaban para propósitos ajenos a la defensa de la seguridad y la soberanía nacional. Uno de esos instrumentales era el que adquirió el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, del cual se sabe que, en la actualidad, seguiría funcionando y no se tiene noción de quién lo controla o se beneficia del mismo”. Hablar de entidades privadas puede implicar dos cosas claramente: la empresa o el crimen organizado. Supuestamente, de acuerdo con las fuentes citadas por García, este instrumental estaría utilizándose en la actualidad para espiar a miembros de la 4T y al gobernador de esta entidad. ¿Con qué fines? ¿A qué oscuros intereses sirve?
El asunto se muestra complicado por varias razones. Por un lado, exhibe la enorme impunidad con la que operan numerosos gobiernos en el orbe. Es decir, no sólo ocurre con los Estados Unidos que suelen ventilar sus porquerías en el cine y la televisión en películas y series de acción y espionaje con total descaro. Recordemos el escándalo producido por el espionaje norteamericano a altos funcionarios europeos: Como reporta el diario El País recordando el incidente, “’Espiar a los amigos es inaceptable’, dijo categórica Merkel al presidente Barack Obama, en octubre de 2013, en el punto álgido del escándalo por las escuchas estadounidenses, que no habían respetado ni el mismísimo móvil de la canciller”. Y, sin embargo, como vemos en la misma nota, el gobierno alemán estaría ahora en las mismas al salir a la luz el espionaje que permitió hacer a los gringos, al parecer sin la autorización se su propia canciller: “Según el Süddeutsche Zeitung, los estadounidenses se valieron de las instalaciones del BND —los servicios secretos alemanes— para espiar a altos funcionarios de instituciones tan relevantes como la Presidencia de la República Francesa, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés o la Comisión Europea”. Por supuesto, como sucede con cualquiera de nuestras democracias modernas y bien decentes, sus funcionarios han negado conocer tal espionaje e incluso lo han hecho frente a su parlamento. Sin duda, en todos lados se cuecen habas. También, gracias a la investigación de Pegaso nos damos cuenta de una de las facetas menos conocidas y más nefastas de Israel y es esta que desarrolla programas y equipo de espionaje que están a la disposición del mejor postor. De igual manera, los aparentes conflictos diplomáticos que podrían llevar a la negación de extradición de Tomás Zerón (vinculado al caso de Ayotzinapa y hoy al de Pegaso) y de Andrés Roemer, buscado por las autoridades mexicanas por varias denuncias de acoso y violación. Independientemente de que México no tenga tratados de extradición con Israel, la voluntad política debiera estar a favor de la extradición de estos personajes. Empero, todo este asunto en el que se han involucrado empresas israelíes hace que el tema huela a boñiga. Por donde se le vea, esta trama evidencia la porquería detrás del sistema y los niveles a los que están dispuestos a llegar con total impunidad. ¿En verdad pisarán la cárcel todos los involucrados, empezando desde las cabezas Calderón y Peña? Hasta no verlo, estaré convencido. Por supuesto, no se habla en este momento de las múltiples formas que tienen las empresas de espiarnos a nosotros, simples mortales, para observar nuestros intereses y enviarnos publicidad instantánea. ¿Eso debiera ser ilegal? Por supuesto y debiera estar al mismo nivel de escándalo que rodea al de Pegaso… o ¿ qué tal las insistentes llamadas de bancos y servicios (telefónicos o de televisión por cable, por ejemplo) con los que no tenemos relación para ofrecernos cuanto paquete o servicio financiero se les ocurra sin que hayamos dado autorización para que utilicen nuestros datos personales. ¿Es legal? Seguro habrá alguien que argumente que sí. Mientras, nuestra privacidad se ve invadida por números telefónicos de dudosa procedencia. Pero no, la Iniciativa Privada no hace trampa, no se corrompe, no trabaja al margen de la ley. Pegaso es un caso ejemplar que no sólo debe hacernos reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad como individuos y organizaciones, sino también hay que repensar el papel de la Iniciativa Privada en nuestra concepción del mundo en el que vivimos y el que queremos legar. Lo dicho, una caja de Pandora.