Lunes, julio 22, 2024

Patrimonio arqueológico

Destacamos

En la entrada a la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas, encontré hace unos días varias mantas colocadas por el sector sindical de INAH en ese Estado, que exigen al Congreso de la Unión y a la SHCP que “fortalezcan el presupuesto de las instituciones de cultura para garantizar el derecho constitucional humano a la cultura”. A su vez, continúa la misma manta, “demandamos insumos y equipos de protección suficientes para garantizar el derecho humano a la salud de los trabajadores y/o visitantes que acuden a los museos y zonas arqueológicas abiertas al público”. De igual manera exigen que la SHCP libere los recursos para la adquisición, manejo y mantenimiento del equipo necesario para el mantenimiento y limpieza de los museos, zonas arqueológicas y monumentos históricos y garantice las obligaciones salariales con los trabajadores. Otra manta remata con un mensaje contundente: “¡Por la defensa y resguardo del patrimonio cultural! ¡Rechazo a las iniciativas que pretendan descentralizar el sector cultura y comercializar el patrimonio cultural!” Lonas similares me encontré también en Yaxchilan y en Bonampak. El tema es espinoso, sin duda, pues nos lleva a cuestionarnos varias cosas. Para empezar, qué entendemos por patrimonio y cómo pensamos que el Estado debe ocuparse del mismo. ¿O pensamos que el Estado no debe tutelar estos vestigios y deben hacerlo entidades privadas? Habrá quien piense de esa manera, pero yo no. Para mí, el Estado a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es quien debe estar a cargo de la exploración, estudio, protección y mantenimiento del patrimonio paleontológico, arqueológico, antropológico e histórico de México. Lo dice la ley orgánica del INAH, concretamente en su artículo segundo. Pero ¿qué hay detrás de la situación que denuncian los trabajadores del INAH?

En la introducción del libro La diversidad del Patrimonio Cultural. Investigaciones del Centro INAH Jalisco, editado por el propio Instituto en 2014, se denuncia lo siguiente: “El contexto histórico en que realizamos nuestro quehacer arqueológico, antropológico e historiográfico, se enmarca en los procesos de privatización y despojo del patrimonio cultural. El Estado mexicano ha invalidado los logros de la Revolución, pensados para favorecer las condiciones de vida y de trabajo de los sectores mayoritarios de la población, así como la preservación y transmisión de los bienes culturales a las nuevas generaciones”. Y abunda más adelante: “La conservación de los bienes culturales de la nación, tarea sustantiva del INAH, obstaculiza el despojo y apropiación de territorios vinculados a culturas específicas y del patrimonio cultural tangible e intangible. En contraposición, a la iniciativa privada sólo le interesa extraer el mayor provecho de los ‘indios folclóricos’, ‘ruinas’ y edificios antiguos ‘bonitos’, y no todo aquello que puede aportar a la interculturalidad”. Hoy, en pleno 2021, al parecer, la situación no ha cambiado para mejorar. Al platicar con algunos de los trabajadores de la zona de Palenque, encontré dos visiones claras. La primera, que en verdad no están teniendo los insumos necesarios y experimentan una notoria disminución del presupuesto. Uno de ellos me dijo: “por ejemplo, no hay para gasolina, tan necesaria para las podadoras y otras maquinarias”. En efecto, si no se mantiene a la selva a raya en un lugar como ese, se pone en riesgo el patrimonio, a los trabajadores y a los visitantes. A su vez, al platicar con trabajadores de mantenimiento (gente de filiación ch’ol y tzeltal), me hablaron de tales carencias, pero también se quejaron de la falta de reconocimiento a su trabajo. Varios de ellos han participado como excavadores en los trabajos arqueológicos, uno de ellos incluso con la arqueóloga Fanny López cuando encontraron a la Reina Roja y, si a ella le escamotearon el reconocimiento de su hallazgo, imaginemos si se le reconocerá a los excavadores. Como mencionó mi compañera de viaje, se debería reconocer como en los créditos de las películas a todos los que trabajaron en tal o cual exploración una vez que se publica un libro o se realiza una exposición, no sólo al arqueólogo encargado de la zona arqueológica.

 Esperemos que la falta de recursos al INAH sea general y que no responda a otros intereses regionales, como el Tren Maya. No obstante, se anunció recientemente que, a un lado de la estación del tren en ese lugar, habrá una especie de parque temático y hoteles (uno de ellos bien ecológico); además, se anunció que habrá recursos especiales para las zonas arqueológicas cercanas a la ruta del tren. Como reporta el portal Obras Expansión, el “…proyecto del Tren Maya no viene solo. Para su operación, se desarrollan planes aledaños que incluyen desde más vías de comunicación, un nuevo aeropuerto, mejora de vivienda, la creación de nuevos barrios, así como acciones de protección y mejora de zonas arqueológicas y naturales. (…) Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México, dio el anuncio más reciente respecto a estas estrategias: se realizará una inversión de 849 millones de pesos para la dignificación de los servicios de las zonas arqueológicas aledañas a la ruta de la obra”. ¿Y las demás zonas arqueológicas? ¿Sólo importa el turismo? Volvemos a la misma pregunta ¿qué se entiende por patrimonio y para qué se conserva? Los trabajadores de Palenque me decían que había ciertas fricciones con las comunidades de la región, pues son los que venden artesanías al interior de la zona arqueológica -muchas de las cuales ni son de la región ni son elaboradas por ellos- y se niegan a que se cierre nuevamente la zona para evitar los contagios que pueda traer esta nueva ola del Covid. Claro, para ellos es la única fuente de ingreso. Algo similar sucede con los guías que trabajan en el lugar y con las empresas turísticas -tanto de hostelería como de transporte turístico en “tours”. Como se ve, es un tema complejo, especialmente cuando se piensa en estos lugares no como patrimonio cultural, sino como meras atracciones turísticas que hay que explotar.

Algo diferente sucede en Bonampak. Uno de los trabajadores del INAH me dijo que la comunidad lacandona cercana a ese sitio se había “apropiado” del lugar y ellos se quedan con todo el recurso obtenido por la visita a la zona arqueológica y el INAH se hace cargo del mantenimiento y la exploración. Al visitar el lugar me di cuenta del alcance de semejante acción. Para empezar, hay que pagar un recurso por acceder a la comunidad. Luego, hay que dejar el vehículo estacionado en algún sitio y pagar el transporte que la comunidad tiene para llevarte a la zona. Una vez en el lugar, hay que pagar para entrar. Todo ese recurso va para la comunidad. Al principio, reconozco que me provocó cierta incomodidad tal actitud de los pobladores; pero después me di cuenta de que así debiera ser el asunto. Es decir, reitero mi posición con respecto a que el INAH debe ser quien se haga cargo de la exploración y mantenimiento del patrimonio, pero eso no quiere decir que las comunidades originarias cercanas a la zona no puedan beneficiarse del patrimonio del que, nos guste o no, ellos son los herederos directos. Y surge la pregunta ¿por qué no sucede esto en todos lados? ¿Por qué se les niega este derecho a las comunidades? Y arrojo una pregunta más incómoda todavía: ¿por qué no existe una formación arqueológica, histórica y antropológica en las comunidades?, es decir, debieran tener las principales universidades del país, tanto estatales como nacionales, centros de formación en este sentido a nivel regional. ¿O acaso el trabajo arqueológico, histórico y antropológico es solamente de las elites académicas, nacionales o extranjeras? ¿Por qué no formar arqueólogos lacandones, tzeltales, choles, mayas yucatecos? ¿Hay un sesgo de clasismo académico por ahí? Además, las comunidades debieran hacerse cargo de estas zonas y beneficiarse directamente de los recursos obtenidos del turismo, no sólo empresarios rapaces como ha sucedido con los Barbachano en Chichén Itzá y los complejos hoteleros cercanos a Palenque.

Lo anterior me lleva a la reciente toma de las instalaciones de la zona arqueológica de Dzibichaltún en Yucatán, cerca de Mérida, por parte de los ejidatarios mayas de Chablekal, lugar donde se encuentra la zona y que, según nota publicada en el portal Reporteroshoy.mx, “acusaron al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán, Eduardo López Calzada, de mantener intereses personales en torno a su falta de acción a la solicitud de pago por la expropiación de varias hectáreas que pertenecen a este ejido y que hoy son parte de la zona arqueológica de Dzibilchaltún”. Hace más de 60 años se expropiaron más de 50 hectáreas al ejido para establecer la zona arqueológica. Desde entonces, no se les ha indemnizado por la expropiación y acusaron a  “López Calzada de autorizar el parcelamiento de terrenos que se encuentran en el parque nacional que forma parte del sitio histórico, con base en presuntos documentos que obtuvieron en el Registro Público de la Propiedad, aunque refirieron que el funcionario dijo desconocer todos estos movimientos cuando los cuestionaron hace unos días. (…) Insistieron en que este y otros presuntos intereses estarían frenando el proceso que estos llevan desde hace años con el INAH y que no ha podido atenderse, pese a que se han instalado mesas de diálogo”. De hecho, José Kú Chalé, secretario del ejido de Chablekal afirma, según reporta la misma nota, que “Nos pusimos a investigar y nos encontramos un contrato de usufructo de 390 hectáreas que se habría firmado mediante una asamblea ejidal simulada”. ¿Será que se quiere hacer otro centro turístico cerca de una zona arqueológica como los que he mencionado con antelación? Los ejidatarios tienen todo el derecho a reclamar la indemnización y a exigir la destitución del delegado del INAH. Ya veremos qué es lo que sucede más adelante con este caso, pero, francamente, ante la falta de claridad por parte de la presente administración, no se sabe qué podemos esperar. Mientras todo se aclara, al parecer lo que se privilegiará como ha venido ocurriendo, serán los intereses privados lo que no dista mucho del mundo neoliberal del que se supone estamos saliendo. Difícil panorama para el INAH y para la 4T en su conjunto.

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