Sábado, febrero 8, 2025

Participación sin simulación: Los ordenamientos territoriales del CUPREDER

Durante más de 25 años, en el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), nos esforzamos por establecer alianzas que compartieran nuestro propósito de desarrollar estrategias para una gestión responsable del territorio. A veces lo logramos, en otras ocasiones no. Las condiciones políticas y los cambios de dirección en los órganos encargados de la ciencia y el medio ambiente durante el sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no solo nos brindaron la oportunidad de progresar en proyectos de ordenamiento territorial, sino que posibilitaron una conexión profunda y efectiva con las comunidades en las que trabajamos. Gracias a esta sinergia, se abrieron nuevas perspectivas para la gestión del territorio y el uso del suelo, y seguimos en este camino hacia un futuro más equitativo y sostenible.

De no haberse concretado varios programas de ordenamiento territorial, nunca habríamos imaginado un método tan efectivo para transferir recursos del Estado a aquellos que más lo requieren. No obstante, a pesar de las dificultades administrativas, lo primordial fue la comprensión de la relevancia de regular los usos del suelo desde una perspectiva ecológica y colaborativa. La directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, procedente de una lucha histórica contra el maíz transgénico y el capitalismo depredador, reconoció el potencial de los ordenamientos ecológicos participativos, especialmente después de conocer nuestro emblemático proyecto de ordenamiento integral en Cuetzalan (González, 2018).

Mesa de un taller de caracterización con artesanos de Bécal, municipio de Calkiní, Campeche, agosto del 2021 (Archivo Cupreder).

De esta misma región procedía quien fuera secretaría federal de Medio Ambiente entre septiembre del 2020 y septiembre del 2024, la ingeniera agrónoma María Luisa Albores González, formada en el movimiento cooperativista de Cuetzalan y en la lucha contra los proyectos extractivos de la Sierra Norte de Puebla. La colaboración con Conahcyt, pero también con Semarnat, constituyó un hito no solo para nosotros, sino también para la consolidación de una metodología que orienta las actividades humanas hacia una coexistencia armoniosa entre la sociedad y el entorno natural.

Reuniones de preparación para la actualización del ordenamiento ecológico del municipio de Calakmul, Campeche, 7 de julio del 2023 (Archivo Cupreder).

Nuestro enfoque integral y participativo, que hoy es el requerimiento mínimo que exige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a todo ordenamiento territorial, se centra en un principio simple, pero crucial: los programas de ordenamiento territorial deben ser entendidos, aceptados y defendidos por las comunidades involucradas (SEMARNAT, 2021). Se trata no solo de imponer regulaciones, sino de construirlas junto con la gente, ya que uno solo defiende aquello que ha ayudado a crear.

El Comité de Ordenamiento

En las normas legislativas vigentes para realizar ordenamientos territoriales, se exige la instalación de un comité de ordenamiento, el que, supuestamente, acompañará los trabajos que los expertos (o los despachos contratados) ejecutan. Luego, se les hace una consulta al final del proceso para que avalen la propuesta del consultor. Hasta ahí la obligación.

Nosotros, sin violentar este requisito, operamos de una manera realmente participativa. El comité de ordenamiento, originalmente formado, es en realidad un promotor de la realización de los talleres de participación comunitaria y sectorial en la entidad que se lleva a cabo; digamos que se trata de conseguir la mitad de la fase de caracterización y diagnóstico. La otra mitad, lo dijimos antes, la integran los estudios científico-técnicos.

En los propios talleres mencionados, son nombrados representantes que formarán parte del comité que rematará este proceso de construcción y prolongará sus acciones hasta impulsar los acuerdos del ordenamiento, expresados en sus lineamientos y estrategias, y defenderá la observancia de los criterios de regulación ecológica y urbana, en su caso.

Para atenernos a la lógica de funcionamiento de un programa de ordenamiento, el comité será presidido por el ejecutivo municipal; contará con la presencia de funcionarios de esta entidad, así como del estado de la República de que se trate y, en caso de ser precisado por la legislación, de los funcionarios federales. Estos cambiarán cada tres o cada seis años.

Trama y urdido

En nuestro modelo, la base del comité está constituida, por representantes de las comunidades (en la forma en que se organice cada municipio) y por los sectores principales que allí se desenvuelven. Se trata de configurar un tejido, donde la parte de representación comunitaria sería el urdido, y la sectorial, la trama. Los tejidos son más fuertes que los hilos que contienen; pero sin hilos, no hay tejido (González Cowes, 2011). Esta parte del comité, la de base, tiene una mecánica de nombramientos y remociones de sus representantes que depende de cada uno de ellos, no de los calendarios electorales.

Este hecho permite conseguir la continuidad del programa de ordenamiento entre un trienio y otro, entre un periodo sexenal y el sucesivo.

La falta de continuidad de programas benéficos para la sociedad y el medio ambiente es uno de los grandes problemas nacionales, aunque en muchos casos es muy conveniente que se rompiera la continuidad de ese programa. En cambio, resulta indispensable la continuidad cuando el programa ha sido elaborado por la ciudadanía, como en estos casos, no desde las oficinas centrales de los funcionarios, sino a partir de la identificación de los problemas por las personas que los padecen y la multiplicación de los buenos ejemplos de trabajo socioambiental que también realizan las comunidades.

El mejor ordenamiento territorial, técnicamente hablando, sin aplicación, es decir, sin la participación real y cotidiana de los pobladores a los que se refiere, es un documento para los discos duros y los cajones de los Gutierritos de nuestros días.

Las organizaciones que defienden sus territorios nunca dejan de recurrir al recurso y el argumento legal. A veces tienen condiciones para ello, a veces no, pero en general se reconoce la necesidad de hacer el esfuerzo. Un ordenamiento territorial bien hecho es un instrumento con fuerza de ley que tiene mucho peso, más que las otras legislaciones. Por eso preconizamos y proponemos como un método del todo conveniente la construcción del binomio Programa de Ordenamiento-Comité. Es una gran arma para contrarrestar los apabullantes deterioros socioambientales y, a la par, la ampliación de la fuerza social organizada que lo haga.

Los ordenamientos no deben ser consultados a las comunidades, se deben construir con ellas y debemos insistir en este aspecto. Tenemos ejemplos de que esto puede funcionar, porque ha funcionado y está funcionando. Se sabe que aquellos que hicieron los ordenamientos con las metodologías, digamos, no participativas, tienen muchas críticas a nuestra propuesta, aunque debemos decir que no solo son razones conceptuales o de enfoque, sino también de carácter económico.

Demasiadas veces, el entramado de consultoras y expertos trabaja para los mismos intereses que, con afanes políticos o económicos, pretenden la destrucción del medio ambiente. Son los mismos que permitieron la explotación de Calica, las concesiones al grupo Xcaret y la expansión de los hoteleros, tentáculo turístico del Cártel Inmobiliario, impulsor de edificaciones altamente depredadoras; las megagranjas de cerdos y aves, ligadas a la salvaje expansión del monocultivo de los menonitas; así como de los traficantes del capitalismo verde; las vendedoras de mariposas para bodas de postín; de las empresas que se enriquecen con bonos de carbono (Godoy, 2024); o de las receptoras de los recursos extranjeros, como de TNC/USAID, a cambio no solo de recursos económicos sino de añejas lealtades que afloran en los momentos de transición o de crisis. Sin omitir a los traficantes de especies emblemáticas de la fauna nacional que aparecen, ante los medios, como defensores de las mismas especies que esquilman.

El trabajo con CONAHCYT y SEMARNAT

Con el Conahcyt, hoy transformado en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, desarrollamos tres proyectos para la contribución a la organización social por medio de la metodología de los ordenamientos territoriales participativos. Estos tres grandes proyectos nos permitieron trabajar en diez municipios, correspondientes a tres entidades federativas, que son en realidad siete regiones. Tres municipios en Yucatán (Halachó, Maxcanú y Muna) y dos en Campeche, tanto en la zona Puuc (Calkiní y Dzitbalché), como en el muy emblemático municipio de Calakmul, perla del Tren Maya.

También preparamos los ordenamientos territoriales en Zautla, Ixtacamaxt itlán y Zihuateutla, mientras asistimos al de San Felipe Tepatlán, promovido por el ayuntamiento y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Con la Semarnat, nos encargamos de coordinar los ordenamientos de Zoquiapan y Tlatlauquitepec, mientras revisamos el de Yaonáhuac y emprendimos la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Cuetzalan del Progreso.

Un caso muy particular fue el de la comunidad de Cuautomatitla, municipio de Tochimilco, en la falda sur del volcán Popocatépetl, cuyo cabildo aprobó este ordenamiento.

Al finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador así como los trienios municipales, excepto Halachó, Ixtacamaxtitlán y Yaonáhuac, fueron cinco cabildos de la península de Yucatán y siete de Puebla los que aprobaron sus respectivos Programas de Ordenamiento Ecológico Local.

Logros que quedan

Entonces, ¿qué creemos que se debe destacar como logros de este trabajo? Vamos a enumerar algunos:

  • La construcción de Comités de Ordenamiento Ecológico en nueve municipios, que van funcionando y se expresan dispuestos a continuar con la lucha por la defensa de la tierra y su aprovechamiento racional;
  • La aprobación en comités de todos los programas de ordenamiento y casi en todos los cabildos municipales, hasta el momento de escribir el presente texto;
  • La configuración de criterios ecológicos que establecen una norma para regular, es decir, impedir o condicionar, los más graves impactos sobre el medio ambiente y sus poblaciones. Hablemos de la prohibición acordada de instalar grandes proyectos turísticos, que en la Península de Yucatán constituyen la peor amenaza;
  • La aplicación de criterios para la utilización del agua, el suelo y el tratamiento de la basura, los agroquímicos más dañinos, y otras lacerantes actividades humanas;
  • La prohibición de instalar minería a cielo abierto y extracción de hidrocarburos con fractura hidráulica (o fracking); advertir sobre la necesidad de una transición agroecológica; prohibir los productos transgénicos y superar idealmente la era del glifosato y otros venenos;
  • El diseño de lineamientos y estrategias para corregir las actividades dañinas al ambiente y desplegar las líneas programáticas para alcanzarlo. Es de destacar especialmente el que la metodología del Cupreder, a la que alguna vez Víctor Toledo llamó en un artículo suyo publicado en La Jornada, el Modelo Cuetzalan, (2011) se convirtió en la norma oficial de la Semarnat (SEMARNAT, 2021)para quienes desarrollaron trabajos de ordenamiento a partir de la llegada de María Luisa Albores a la dependencia. Además de los municipios que hemos mencionado, auspiciados por Conahcyt, en el Cupreder BUAP llevamos a cabo otros trabajos de coordinación de ordenamientos en cinco municipios más, con la misma metodología, impulsados por la Semarnat y dos de ellos, por sus ayuntamientos.

Datos de una numeralia 

En conjunto, los proyectos coordinados por el Cupreder beneficiaron a una población total de 311 mil 200 habitantes, distribuidos alrededor de 466 comunidades de diferentes tamaños. Se trata de 15 municipios de los estados de Campeche, Yucatán y Puebla. Más o menos, unos 6 mil 598 pobladores participaron en su elaboración y discusión en talleres para caracterizar, diagnosticar y definir los modelos de los ordenamientos ecológicos. 

Para ello, los equipos de trabajo en campo del Cupreder habrían empleado un aproximado de 3 mil 732 horas, y otras tantas, cuando menos, en labores de gabinete. 

Se llevaron a cabo 172 talleres participativos y foros de discusión, combinados con entrevistas, juntas institucionales, reuniones de coordinación, transectos en territorio y otros recorridos, incluyendo el inventario faunístico actualizado en cada uno de estos programas. 

Conclusiones 

La metodología de ordenamiento territorial participativo, desarrollada por el Cupreder ha demostrado ser una valiosa herramienta para fomentar la justicia socioambiental y la participación ciudadana en la gestión del territorio. Tras 25 años de construir y mejorar un modelo de cogobierno tripartito entre comunidades, sectores y funcionarios públicos hemos consolidado una propuesta que no solo respalda las aspiraciones locales a ejercer sus decisiones sobre los usos de las regiones que habitan, sino que también se ha garantizado la sostenibilidad y la continuidad de los programas de regulación a largo plazo. 

La constitución y articulación de un frente comunitario en defensa del medio ambiente, bajo el nombre de ONODET, es un paso importante hacia la consolidación de estas luchas, aunque su éxito dependerá de las mismas disyuntivas que sufren, en todas partes las luchas en defensa del territorio: la capacidad de los pueblos para mantenerse unidos y organizados frente a las amenazas del desarrollo depredador. 

Integrantes de la Onodet, reunidos en la escalinata del Edificio Carolino de la BUAP el 10 de agosto del 2024 (Archivo Cupreder)

Referencias 

Altépetl Desarrollo Comunitario Productivo y Ambiental, AC. (2009). Experiencia del proceso de participación social para la construcción del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso. San Pedro Cholula, Puebla: Altépetl Desarrollo Comunitario Productivo y Ambiental, AC.

Godoy, E. (8 de agosto de 2024). Bonos de carbono siembran abusos en México. Obtenido de https:// climatetrackerlatam.org: https://climatetrackerlatam.org/historias/bonos-de-carbono-siembran-abusos-en-mexico/

González Cowes, V. L. (2011). Metáforas de la red social. Consecuencias en las prácticas de intervención e investigación en psicología social comunitaria. Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII, Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. (págs. 130-135). Buenos Aires: Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Obtenido de https://www.aacademica.org/000-052/614.pdf

González, A. (17 de febrero de 2018). El ordenamiento de Cuetzalan, una herramienta de defensa comunitaria. Obtenido de La Jornada del Campo: https://www.jornada.com.mx/2018/02/17/cam-cuetzalan.html

SEMARNAT. (17 de marzo de 2021). ¿Qué es el Ordenamiento Ecológico? Obtenido de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/ordenamiento-ecologico-del-territorio#:~:text=%C2%BFQu%-C3%A9%20es%20el%20Ordenamiento%20Ecol%C3%B3gico,las%20autoridades%20en%20una%20regi%C3%B3n

Toledo, V. M. (23 de marzo de 2011). El modelo Cuetzalan. Obtenido de La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2011/03/23/opinion/016a1pol

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