A espaldas de cientos de trabajadores poblanos que han incumplido con pagos a sus créditos de vivienda, el Infonavit promueve demandas en su contra en juzgados al norte del país. A más de mil kilómetros de sus domicilios donde deben ser emplazados, derechohabientes fueron llamados a juicio en edictos masivos publicados en diarios de Saltillo Coahuila, condenándoles a la indefensión bajo un proceso legalmente no factible e imposible de enfrentar.
Asegurando la pérdida del juicio al que no fueron siquiera notificados, siguió la escrituración de su vivienda por un notario en Torreón, adjudicándole al Infonavit su propiedad para luego ser sometida a la voracidad inmobiliaria que adquiere los inmuebles a un costo muy por abajo del precio original.
Este diario tuvo conocimiento del expediente judicial 672/2014 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Torreón Coahuila, donde el Infonavit promovió un Juicio Especial Hipotecario por incumplimiento de Contrato contra 956 titulares de vivienda, en su mayoría ubicadas en Puebla, como la de María Guadalupe Ramos Ortega con una propiedad en la Unidad Habitacional Los Héroes de Puebla y Agustín Martín Ruiz en el Conjunto Habitacional Hacienda en San Pedro Acoquiaco en Tehuacán.
Tanto Agustín Martín como María Guadalupe Ramos evitaron ser desalojados y lograron recuperar su inmueble gracias a que interpusieron un Amparo contra del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este 2018 jueces federales consideraron las actuaciones del instituto como “claramente atentatorias de sus garantías individuales” por las que ordenaron la cancelación de la adjudicación de las viviendas para el instituto.
El proceso legal en la defensa de los derechohabientes reveló un tortuoso, ilegal y doloso esquema de procedimiento emprendido por funcionarios del instituto contra trabajadores morosos que ni se enteran de que están emplazados a juicio, proceso legal diametralmente opuesto con el esquema de cobranza social que marca el artículo 71 de la Ley del Infonavit.
Pese a que este diario cumplió con las condiciones para obtener una entrevista con Antonio Kuri Alam, delegado del Infonavit en Puebla, quien exigió conocer por anticipado las preguntas, una interminable junta en un lugar no especificado fue pretextado por su asistente para explicar la imposibilidad de un encuentro, incluso telefónico.
“A mis espaldas, el Infonavit interpuso un juicio en mi contra”
María Guadalupe Ramos Ortega aseguró a La Jornada de Oriente que se enteró que había enfrentado un juicio en Torreón, Coahuila, en el que había perdido su casa cuando de manera extrajudicial un abogado del bufet jurídico MP Grup la visitó en su domicilio para notificarle que sería desalojada, pues su vivienda había sido adjudicada al Infonavit.
“Usted ya no puede hacer nada por su crédito. Ha perdido un juicio y esta casa ya no le pertenece. Así de claro me lo dijo el abogado. Yo quedé fría. Todo ese tiempo había estado pagando luz, agua y todos los servicios. Todo el recurso legal que se armó fue a mi espalda”, explicó Guadalupe en entrevista.
Con sorpresa y un sentimiento de impunidad recibió la noticia de que fue demandada por incumplimiento de pago en juzgados de Torreón, Coahuila; a pesar de que el contrato que firmó con el Infonavit señala que cualquier controversia que se tenga que dirimir por incumplimientos tiene que resolverse en la capital del país o en donde se encuentra el bien inmueble.
Supo que fue notificada mediante un edicto masivo –junto a casi mil personas en el Diario Oficial de Torreón, Coahuila, y en el periódico de mayor circulación en el estado El Sol de la Laguna, en el que recibía el ultimátum de que tenía un término de 40 días para contestar la demanda en su contra y comparecer en el juzgado adscrito en ese estado.
La titular de la vivienda en la Unidad Habitacional Los Héroes denunció que la demanda en su contra fue interpuesta pese a que su casa no estaba desocupada, abandonada, vandalizada o invadida y que nunca se presentó algún dictaminador para catalogar el inmueble.
Sostuvo que nunca, bajo ninguna circunstancia, recibió algún aviso advirtiéndole del proceso legal iniciado, por lo que acusó dolo y abuso de parte del Infonavit de la delegación en Puebla.
Este 2018 el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales ordenó al Infonavit en el Amparo 1731/2017 devolver a María Guadalupe Ramos Ortega su vivienda y cancelar la escritura pública número 170 que ya había realizado el notario público 69 del Distrito de Torreón, Ricardo Delgado Robles, a favor del instituto el pasado el 1 de marzo de 2016.
En el mismo tenor y en una situación similar, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito también otorgó el amparo 1162/2017 a favor de Agustín Martín por las violaciones del Infonavit en su contra.
“Lo mejor sería que nos cedas la propiedad”, le aconsejó funcionario en el Infonavit
Luego de pagar puntualmente su crédito para la adquisición de su vivienda por más de cinco años, María Guadalupe perdió su trabajo como capturista en una empresa transportista en 2010. Desde entonces acudió al Infonavit para acceder a una prórroga de pago o alguna gestión necesaria que le permitiera conservar su patrimonio.
Pese que el instituto cuenta con programas de apoyo que van desde una cobranza preventiva que inicia con el apoyo por la pérdida de relación laboral del acreditado, hasta la liberación del crédito por la liquidación del mismo o la aplicación de seguros, nada de esto le fue otorgado.
Las alternativas como “Prórroga total”, “Prórroga parcial”, “Fondo de protección de pagos”, “Solución a tu medida”, “Dictamen de Capacidad de pago Social” “Borrón y cuenta nueva” e incluso el “Estudio Socioeconómico” que se considera en el instituto y que es informado a usuarios son solo promoción que no llegan a cumplirse, sostuvo la titular de la vivienda en la Unidad Habitacional Los Héroes.
Reveló que la última vez que intentó una conciliación le informaron que la única vía posible para ella era que cediera su casa al instituto, pues la deuda que había contraído se había disparado a cerca de un millón de pesos.
“Me expusieron que la deuda que había contraído para mi vivienda que en un principio fue de 300 mil pesos había crecido a 800 mil pesos, que era comprensible que yo nunca podría reunir esa cantidad y que mejor devolviera mi casa. Que pasara a firmar y realizara el trámite para la cesión de derechos que sería veloz y sin más sobresalto. Además me hicieron saber que no podría recuperar lo que ya había pagado, pues no hay reembolso”, describió.
Guadalupe dijo que buscó a la organización de El Barzón como un intento de conservar su patrimonio y defenderlo hasta “donde se pudiera”. Tras el triunfo del amparo, aseguró que buscará que se haga efectiva la reestructuración de su crédito de acuerdo con la ley con el que fue creado el instituto o que le liquiden el inmueble al precio que otorgan a las inmobiliarias.
Una mafia opera para el despojo de viviendas: Barzón Puebla
Gerardo López, coordinador de El Barzón Puebla y abogado que asesoró este caso, refirió que la demandada civil y mercantil masiva en 2014 bajo la figura de Litisconsorcio Pasivo –que implicó a su defendida y a más de 900 personas más– admitida por Efrén Vázquez Huerta, juez de Segunda Instancia en el estado de Torreón, Coahuila, fue violatoria en todo sentido como demostró el fallo de la justicia federal.
El litigante explicó que ante jueces de distrito se exhibió “el cochinero” del proceso que condenaba a acusados a la indefensión sometiéndoles a un proceso legalmente no factible e imposible de enfrentar. Y probaba al mismo tiempo cómo el Infonavit ha perdido su carácter social y su vocación de ayudar a trabajadores a obtener créditos baratos, suficientes que les permita adquirir un patrimonio. “Prácticamente arrebata viviendas a lo vil. Se han convertido en un mercader inmobiliario”, resumió.
El dirigente de la organización social El Barzón calificó este procedimiento de mafioso, pues sin la intrincada red de complicidades –de los delegados del Infonavit en los estados, jueces, notarios que inscriben las propiedades en bloque, abogados de diferentes despachos que compran la cartera vencida, valuadores– no puede entenderse que la demanda prosperara y que la delegación Puebla obtuviera la adjudicación directa de más de 500 viviendas en un solo juicio en otro estado de la República, como pudo documentar en el seguimiento procesal.
La vileza, refirió, quedó al descubierto al notificar a derechohabientes demandados mediante edictos publicados en Coahuila sin agotar antes otros recursos previstos en la ley para ubicar y notificar a los trabajadores emplazados en este juicio.
El Infonavit y el mercado inmobiliario voraz
El equipo legal del diputado federal Alejandro Carvajal, ex dirigente de El Barzón Puebla, ha documentado como el Infonavit ha enfocado sus esfuerzos a responder a los intereses de empresarios, pues después de que se adjudica la vivienda, la subasta a inmobiliarias en paquetes a un costo de ganga.
La misma red de complicidad también estaría implicada en un negocio millonario, pues las casas recuperadas son vendidas a precios muy por debajo de lo que les exigían a los propietarios morosos para devolverles sus casas.
En Tijuana se logró documentar la reventa de propiedades por inmobiliarias y la probable participación de funcionarios de Infonavit.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Mexicali, el inmueble con la escritura pública 41129, el 29 de octubre de 2001 fue adquirido por Virginia Aguilar Trujillo, con el crédito Infonavit. La propiedad con una superficie de 195.00 metros cuadrados tuvo entonces el precio de 238 mil pesos.
La vivienda, tras un juicio como el descrito, fue recuperado y adjudicado por el Infonavit, fue vendida el 27 de julio de 2017 a la inmobiliaria GIBC, S de RL de CV por un monto de 131 mil 917 pesos.
El mismo Registro Público de la Propiedad en Mexicali revela que el contrato de compraventa del 19 de febrero de 2018, bajo la Partida 5821466, la inmobiliaria GIBC, S de RL de CV vendió a una particular la misma propiedad en 500 mil pesos.