Tehuacán. Al grito de “justicia para Susi” llegaron a la Casa de Justicia de Tehuacán más de 200 personas que se movilizaron desde San Luis Temalacayuca para manifestarse en esta ciudad en apoyo a Susana Rojas Merino quien sigue privada de su libertad señalada de presunto secuestro contra su expareja, Daniel. Los manifestantes entre quienes estuvieron sus dos hijas pidieron que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo e investigue a fondo pues señalaron que el verdadero delincuente es el exesposo quien en el 2018 apuñaló en 17 ocasiones a Susi y ahora la denunció porque supo que su caso se reclasificó como intento de feminicidio.
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Las dos niñas que Susana procreó con Daniel están totalmente seguras de que su madre es inocente, su voz se escuchó con fuerza, rabia y tristeza cuando repitieron, junto con los demás manifestantes, que “Susi y su familia son inocentes”, pues no solo es ella quien está detenida, también fueron encarcelados su hermano, su mamá y su tío.
Momentos después estallaron en llanto, lágrimas comprensibles porque les ha tocado vivir la violencia al lado de su madre, fueron testigos en el 2018 cuando Daniel apuñaló a Susana y el mes pasado estaban acompañando a su mamá cuando los policías ministeriales la detuvieron junto con su tío.
A la protesta se sumaron además de sus familiares, vecinos de San Luis Temalacayuca, compañeros de Susana quienes estudiaron con ella en la Normal Superior donde recientemente concluyó sus estudios, así como activistas de esta región, para hacer patente su apoyo ante lo que consideran un hecho totalmente injusto que se debe investigar a fondo para dejar en libertad a las cuatro personas encarceladas.
Durante su intervención, Aidé Contreras, activista feminista de esta ciudad manifestó que lo que está sucediendo en el caso de Susana deja en evidencia la omisión que ha tenido el gobierno del estado ante la violencia contra las mujeres, puesto que en Puebla hay una Alerta de Género que no se aplica.
Consideró que a todas luces se nota que hay corrupción al interior de la FGE, toda vez que tanto la denuncia por intento de feminicidio que interpuso Susana como la de secuestro que inició su expareja, fueron investigadas por el mismo personal lo que les permitió saber en todo momento el curso de ambas demandas y actuar con parcialidad a favor de una de las partes.
Por lo anterior solicitó que el gobierno estatal abra investigación penal contra los funcionarios que han actuado en ambos procesos, puesto que en uno se tardaron seis años para reclasificar y en el Daniel solo les tomó cuatro meses para integrar la carpeta, judicializarla y detener a las personas señaladas.
Que el caso de Susana y su familia no quede impune, fue la exigencia de los manifestantes quienes advirtieron que si no se libera a los cuatro detenidos seguirán sus movilizaciones hasta que se haga justicia en este caso.
