Palabras extrañas en política: Lawfare

Recientemente fui abordado sobre el motivo de la temática de la serie de artículos sobre “Palabras extrañas en política” y entonces respondí en la forma más honesta posible, que fue debido a mi curiosidad y a la vez, mi ignorancia sobre el tema.

En efecto, siento que estamos, en general (y por supuesto, con honrosas excepciones), sujetos a un proceso de franca disminución en nuestros índices de lectura. Actualmente se lee poco y puedo decir que me encuentro en un proceso pretencioso de retomar tal hábito que fue desplazado por mi afición a visualizar videos en YouTube sobre política y otros temas. Si le pudiese imprimir un calificativo a este esfuerzo sería “reeducarme y enfocarme” más en las letras. Tomo el periódico, leo e interpreto.

El avasallador resultado electoral que se dio en las últimas elecciones a favor del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha generado una serie de fenómenos particularmente interesantes. Uno de los que en este momento está dando lugar a muchos comentarios, se relaciona al número de integrantes de las cámaras de senadores y diputados que reflejan en que se alcance una mayoría legislativa al partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a ocupar la presidencia de la república.

Recuerdo cómo fue literalmente atacado por grupos antagónicos, planteando que se iba a reelegir, que agrediría a la libertad de expresión, que estaba vinculado a grupos delictivos, que incluiría a familiares en nóminas del gobierno y un largo etcétera que está muy lejos de ser real. Y mientras era calificado como una persona carente de inteligencia; a final de cuentas, con los resultados electorales y la apreciación internacional como uno de los mejores gobernantes del mundo, supo aprovechar el descuido precisamente de esos grupos y en estos momentos tiene un poder inconmensurable que heredará a la futura presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es resultado esencialmente de ese menosprecio que le tuvieron sus adversarios políticos, desdeñándolo.

Estamos sujetos a un gobierno que se compone de tres poderes: el ejecutivo (representado por el presidente de la república), el legislativo (compuesto por las cámaras de senadores y diputados) y el judicial (cuya máxima autoridad en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación), encargada de la impartición de justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de ser el máximo tribunal del país, ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de su historia. Algunas de las más recurrentes son la demora en la resolución de los casos, que genera incertidumbre afectando los derechos de los ciudadanos. Además, se le ha cuestionado la independencia frente al poder político, especialmente en momentos de tensión gubernamental. Se le ha acusado de tener una postura conservadora en temas como los derechos reproductivos, la diversidad sexual y los derechos de las minorías. Se argumenta que las decisiones de la Corte a veces no están alineadas con las necesidades y demandas de la sociedad mexicana. Se ha criticado la falta de transparencia en algunos procesos internos de la Corte, lo que dificulta la evaluación de sus decisiones. Se ha señalado que ciertos grupos de interés han influido en sus fallos, lo que socava la confianza en la justicia. En ocasiones, se ha acusado a la Corte de interpretar de manera restrictiva los derechos fundamentales, limitando su alcance y protección. Se ha cuestionado su capacidad para resolver conflictos sociales complejos y estructurales. Se ha conjeturado que la presencia de sesgos ideológicos en las decisiones de algunos ministros, afecta la imparcialidad de la justicia.

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La relación entre la Corte y el poder político es un factor clave que influye en la percepción pública sobre su independencia e imparcialidad. Si bien la Corte debe abordar temas cada vez más complejos y controvertidos, se dificulta la toma de decisiones unánimes cuando los políticos y empresarios extraordinariamente ricos, ejercen una presión.

Las expectativas de la sociedad sobre el papel de la Corte han aumentado, lo que genera mayores exigencias y críticas. Es importante destacar que estas reprobaciones no son exclusivas de México y que muchos sistemas judiciales en el mundo enfrentan desafíos similares. Sin embargo, es fundamental abordar estas críticas de manera constructiva para fortalecer la confianza en el Poder Judicial y garantizar el acceso a la justicia para todos.

Lawfare es un término de origen anglosajón que combina las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra). En español, se traduce comúnmente como guerra jurídica. Se refiere al uso estratégico y a menudo abusivo del sistema legal con fines políticos, en lugar de buscar una resolución justa de un conflicto.

En el lawfare se utiliza al sistema legal como una herramienta para atacar a oponentes políticos, empresas o individuos. Más allá de la búsqueda de justicia, persigue desacreditar, inhabilitar o perjudicar al adversario. Se suele aprovechar de la cobertura mediática para amplificar el impacto de las acciones legales y generar opinión pública en contra del objetivo. Un actor poderoso utiliza su influencia en el sistema legal para atacar a un adversario más débil. Presenta múltiples demandas sin fundamento, con el objetivo de agotar los recursos del adversario y distraerlo de sus actividades. Utiliza leyes ambiguas o procedimientos burocráticos, para retrasar o impedir que se tomen decisiones. Difunde información falsa o sesgada para dañar la reputación del adversario. Finalmente, ejerce una presión sobre jueces o fiscales para influir en las decisiones.

En resumen, el concepto lawfare representa una amenaza para la justicia y la democracia. Al conocer sus características y mecanismos, podemos protegernos de sus efectos y contribuir a un sistema legal más equitativo. En ese sentido, cambiar al poder judicial en este momento, constituye un asunto de importancia capital para mejorar el sentido jurídico de la nación.

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