Por factores como el que la mujer no había presentado conductas suicidas, así como que se desconoce el paradero de su compañera de departamento, los abogados de la familia de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril pidieron formalmente que el caso de su muerte, ocurrida en 2018, sea tomado como un feminicidio y no como un suicidio.
Cabe recordar que el 15 de mayo de 2018 la joven médico residente fue encontrada muerta al interior de la casa que habitaba en la ciudad de Puebla, donde realizaba su especialidad.
El dictamen oficial fue que la muerte de la médico fue un suicidio, ya que incluso se habría encontrado una carta póstuma.
Su deceso se dio después de que denunciara que presuntamente fue acosada laboralmente en el Hospital para el Niño Poblano.
Con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) la familia de Zyanya asistió a una audiencia con el juez para pedir formalmente que la muerte de su hija se aborde como un feminicidio, pues alegaron tener pruebas de una investigación privada que confirman sus alegatos.
Entre los indicios compartidos por los familiares se encuentran que Zyanya no presentó nunca tendencias suicidas, en tanto que la compañera con la que vivía hasta el momento “no ha aparecido”.
Argumentaron que a más de dos años de su muerte no existe certeza de los hechos en los que perdió la vida la joven, al tiempo que de que aseguraron que no se ha llevado una adecuada investigación por parte de las autoridades.
Agregaron que supuestamente la FGE ha inventado pruebas con tal de mantener la versión en el sentido de que se trató de un suicidio.
Sin embargo, sostuvieron que de haberse tratado de un feminicidio hay un presunto feminicida que se encuentra en libertad.
En agosto de 2018, María Patricia Becerril, madre de la joven de 26 años de edad, dijo en conferencia de prensa que a partir de la muerte de su hija los días siguientes fueron un vía crucis, pues la Fiscalía de Puebla ha sido negligente en su trabajo.
Expuso que se perdieron pruebas que podrían esclarecer el fallecimiento de su hija, como los videos del fraccionamiento donde vivía la joven, pues no fueron solicitados y después de los 13 días las grabaciones se borran, según publicó el periódico La Jornada.