El año pasado se perpetraron 55 probables feminicidios en la entidad según el Observatorio de Violencia Social y de Género, del Instituto Ignacio Ellacuría, perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla (OVSG) que en lo que va de 2025 ha registrado cuatro posibles asesinatos de odio contra mujeres.
Según el recuento del organismo, mayo y septiembre de 2024 “fueron los dos meses con más casos (con 8 cada uno). En el municipio de Puebla es donde se encontraron más cuerpos”.
El registro del OVSG indica que el año pasado cada seis horas ocurrió un probable feminicidio.
Respecto a la modalidad de los crímenes, el observatorio señala que 19 de los presuntos victimarios tenían relación con la víctima, dos eran familiares, no hay información de 33.
La edad promedio de las mujeres era de 32 años, tres eran menores de edad. La víctima más joven tenía 14 años, mientras que la de mayor edad tenía 52. En 10 casos hubo, además, huellas de violencia sexual.
En 36 de los casos los cadáveres de las mujeres ultimadas fueron halladas en sitios públicos, mientras que en 19 estaban en espacios privados.
El estado de Puebla sigue enfrentando una grave crisis de violencia de género. De acuerdo con datos recientes, los feminicidios han mostrado un alarmante incremento en los últimos años, posicionando a la entidad entre las más afectadas a nivel nacional. Durante 2023, se registraron al menos 53 probables casos de feminicidio, según reportes oficiales, lo que representa un aumento en comparación con años anteriores.
Activistas y colectivos feministas han exigido respuestas inmediatas de las autoridades, argumentando que la mayoría de los casos permanecen impunes o enfrentan procesos judiciales deficientes. La falta de perspectiva de género en las investigaciones y la insuficiencia en los protocolos de protección para mujeres en riesgo son factores que agravan el problema.
A pesar de la activación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diversos municipios, incluyendo Puebla capital, organizaciones sociales critican la falta de resultados palpables. Entre las demandas destacan el fortalecimiento de las fiscalías especializadas y la creación de políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia de género.