Está por concluir otro periodo gubernamental y la modernización del transporte en Puebla queda como pendiente y los planes que se tejieron, en buenas intenciones. El conflicto entre Antorcha Campesina y las rutas 77 y Nueva Visión Angelópolis, que circulan por la zona sur de la ciudad aflora, según la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), porque los transportistas decidieron fusionar derroteros con la organización, violando la ley y ahora no pueden acreditar las concesiones. En las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre los propios transportistas debido a que Antorcha Campesina no respetó los acuerdos e invadió rutas.
Omar Álvarez Arronte, titular de la SMT, señaló que la organización incumplió el acuerdo con Nueva Visión, invadió derroteros y metió más vehículos de los autorizados; además agregó que la organización social se niega a que sus vehículos sean revisados por las autoridades y tampoco permite que a sus operadores se les aplique el examen antidoping.
El funcionario estatal admitió que Antorcha Campesina ha tenido poca disposición para regularizar sus unidades, no respetan la Ley del Transporte, ni su reglamento, no se dejan llevar a cabo los operativos de revista vehicular para saber cuántos son los que tienen concesión, tampoco están debidamente emplacados y desconocen cuántos son “piratas”. La descripción anterior denota el poder que esa organización ha acumulado y el control que tiene en materia del transporte, que además de ser un ámbito de sus jugosos negocios al amparo del poder político, refleja los beneficios que ha tenido a lo largo del tiempo.
Ante esos señalamientos la pregunta es que función tiene la SMT, si no es capaz de regular el transporte acorde a la legislación vigente. ¿Dónde quedó aquella propuesta de legalizar las concesiones y retirar aquellas que fueran ilegales, muchas de ellas permitidas en el periodo morenovallista, y de reordenar las rutas para modernizar el transporte?