Julio Vargas Domínguez, titular del Juzgado Segundo de lo Familiar en Puebla, otorgó en 2021 la guarda y custodia de una niña al padre de la misma aunque sobre éste pesa una denuncia de abuso sexual, denunció la madre de la menor Rocío Macías Salas, quien acusó que ha sido violentada por varias instituciones en Puebla pues no han tomado en cuenta su acusación y han favorecido al supuesto agresor.
Macías pidió este domingo en conferencia de prensa la intervención del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y de su esposa Gabriela Bonilla, pues afirmó que su hija, que actualmente tiene ocho años de edad, corre peligro al tener que estar con quien abusó de ella.
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La inconforme explicó que como parte de un juicio por la guarda y custodia de la menor, en 2021 el juez Julio Vargas decidió otorgar la custodia de la misma a su padre Cesar N. pese a que un año antes –en 2019– ella presentó una denuncia en contra de este por el delito de abuso sexual, lo que señaló una anomalía pues se pone en riesgo el bienestar de la pequeña.
La denuncia por abuso sexual, dijo, fue interpuesta después de que notara comportamientos extraños en su hija, por lo que acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde se practicaron análisis médicos a la menor y se encontró que, efectivamente, había sido víctima de una violación, por lo que se abrió una carpeta de investigación pero esta no prosperó, ya que fue archivada.
El juicio por la guarda y custodia de la niña continúo en medio amparos presentados por parte de la madre para que le fuera entregada a ella el resguardo de su hija, sin embargo, a principios del presente mes, el juez a cargo del caso resolvió que la mamá resulta un riesgo para la menor al considerarla una “alienadora parental”, es decir, una persona que dañó la imagen que su hija tiene de su padre con el fin de que lo rechace.
En ese sentido, pidió ser escuchada por el Poder Judicial, por la FGE así como por el gobierno del estado pues aseguró que el fallo del resolutivo favorece al padre posiblemente por influencias con las que cuenta, y pone en riesgo la seguridad de su hija.
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“Todo el apoyo ha sido para el violentador de mi propia hija, se me hace algo irreal”, acotó, al indicar que pese a que se estableció un régimen de convivencia, desde el nueve de febrero, cuando su hija tuvo que ser entregada a su padre por la resolución del juez, hasta ahora no sabe nada de ella pues su ex pareja no la ha dejado hablar con ella y no sabe si la niña permanece en el estado o fue traslada a otro sitio.
Incluso la madre comentó que su papá, quien es una persona de la tercera edad, intentó acercarse a la casa de César N. para saber algo de la niña, pero el presunto agresor llamó a patrullas que llegaron casi de inmediato y amedrentaron al adulto mayor, situación que también considera sospechosa, pues muestra un respaldo hacia su expareja.