Lunes, junio 17, 2024

Otorga la SCJN un amparo a la familia de Mara Castilla, víctima de feminicidio, para redefinir la reparación del daño

Se violó la reparación integral del daño, resolvieron los ministros

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en favor de la familia de Mara Fernanda Castilla Miranda, víctima de feminicidio en septiembre de 2017, un amparo que invalida un artículo del Código Civil local tras el incumplimiento en la reparación del daño.

Así se observa en el amparo directo en revisión 711/2023 presentado por los padres de la joven debido a que se inconformaron por la cuantificación de la indemnización.

“El problema por resolver, mismo que fue planteado por la madre y el padre de la víctima del delito, consistió en determinar si a la luz del derecho a la reparación integral del daño es constitucional que el artículo1995 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, utilizado supletoriamente en este caso, prevea que la cuantificación de la indemnización por el daño moral que sufrieron no debe exceder de mil (1000) días de salario mínimo general”, se indica en el proyecto de resolución presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat.

Fue el 8 de septiembre de 2017 cuando Mara, de entonces 19 años de edad y estudiante de la UPAEP, abordó una unidad de Cabify y después no se supo de su paradero hasta el 16 de septiembre de ese año, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en un terreno de Tlaxcala, lo que causó consternación entre la opinión pública.

En abril de 2021 Ricardo Alexis N., un exconductor de Cabify, fue declarado culpable del feminicidio de la joven universitaria y sentenciado a 50 años en prisión.

El amparo presentado por los padres de Mara llegó a la Corte debido a que el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del recurso jurídico omitió el estudio de dicho problema de constitucionalidad y se limitó a afirmar que es legal que en el proceso penal se haya utilizado supletoriamente el tope máximo previsto en la legislación civil.

La propuesta del proyecto a cargo de la ministra Ríos Farjat, mismo que fue aprobado, concluye que el hecho de que el legislador fije montos indemnizatorios al margen del caso y de su realidad, de manera previa y arbitraria, sí viola el derecho a una reparación integral del daño.

Lo anterior, porque ello no permite a las personas juzgadoras emitir una decisión sobre la cuantificación de la reparación del daño de manera justa y equitativa.

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