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Por segunda ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el análisis de la Ley Minera en el que los ministros determinarían si viola los derechos del pueblo nahua de Tecoltemi, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.
En la sesión virtual, que tardó menos de media hora, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo informó a la Primera Sala que el asunto quedaría en lista, es decir, en espera de volver a ser agendado, sin que se emitiera una fecha como tal.
La semana pasada, la propia corte federal anunció que el caso del ejido de Tecoltemi contra la Ley Minera sería discutido este 2 de febrero, después de que el pasado 19 de enero el asunto quedó por vez primera en lista y a la espera de nueva fecha para ser votado.
Desde hace un par de semanas, un movimiento nacional se encuentra en resistencia, en respaldo de la lucha de Tecoltemi, que podría convertirse en un caso emblemático para que la corte federal reconozca la urgencia de modificar la Ley Minera, de acuerdo con la resolución de amparo de revisión número 134/2021.
En entrevista, con La Jornada de Oriente, Alejandro Marreros, habitante de Tecoltemi e integrante del Consejo Tiyat Tlali, dijo desconocer cuál es la razón por la que se pospuso la discusión del caso; sin embargo, afirmó que tienen la confianza que los ministros están viendo que el tema es relevante a nivel nacional.
“Lo que estamos argumentando en el amparo y la conversación con algunos ministros previo a la primera fecha de discusión, nos parece que todo esto lo han identificado como algo trascendente para el país y que también pensamos que están yendo a fondo a discutir las implicaciones de la Ley Minera porque es inconstitucional y viola los derechos de los pueblos indígenas”, arguyó.
A diferencia del pasado 19 de enero, comentó que esta vez dieron seguimiento a la sesión de manera virtual y determinaron no acudir a las instalaciones de la Suprema Corte, donde hace dos semanas protestaron a través de manifestaciones dancísticas, identidad de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla.
Alejandro Marreros expuso que la violación a sus derechos plasmados en los artículos 6, 15 y 19 de la Ley Minera, “nos parece que esa es la razón por la cual la Primera Sala ha decidido posponer la discusión”.
En ese sentido, dijo confiar en el análisis de los ministros y ministras, al estimar que van a entrar a profundidad en el caso y van a hacer justicia no sólo al caso de Tecoltemi, que lucha contra la minera canadiense Almaden Minerals, sino de los pueblos indígenas de México.
Precisó que lo que se busca es cancelar las concesiones mineras, porque se violó el derecho a la consulta y el libre consentimiento, pero también -añadió- los artículos en mención se anteponen a la constitución.
Además, agregó, viola los tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que está suscrito nuestro país.
“Esperamos que el análisis entre a profundidad y estamos con esa confianza de que es por eso por lo que se están demorando en el análisis y estudio de la Ley Minera”, recalcó.
El integrante del Consejo Tiyat Tlali dijo desconocer sobre la próxima fecha para revisión del juicio interpuesto por Tecoltemi, no obstante, recordó que podría ser el próximo miércoles, cuando sesione nuevamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estamos en la expectativa que el ministro ponente cambie el proyecto de sentencia, porque el que presentó es el mismo de la primera sesión”, señaló.
A la par de la lucha legal, destacó que a nivel nacional se gesta una gran movilización y organización de los pueblos indígenas de todo México, para reclamar que la Ley Minera se analice con seriedad.
Expuso que han sido varios pueblos indígenas que han rechazado la violación a sus derechos por el concesionamiento de sus tierras. “Tenemos a los hermanos de la Montaña de Guerrero, quienes han interpuesto un amparo contra el despojo; los pobladores de Cuetzalan y de la región de la Sierra Norte de Puebla, quienes presentaron un juicio contra las concesiones mineras, así como las comunidades de Oaxaca, Chiapas y Michoacán”.
En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que el análisis de la Ley Minera no puede postergarse. “Es una exigencia de los pueblos indígenas para que ese tribunal fije su postura en la defensa de sus derechos colectivos”, afirmó.
En vísperas a la revisión del caso, público en La Jornada que se trata de una gran oportunidad para que los ministros sientan las bases y consoliden criterios relevantes sobre la debida interpretación del artículo 2 de la Constitución y el cúmulo de derechos diferenciados en favor de los pueblos, comunidades y personas indígenas.