De acuerdo con los promoventes, entre ellos las organizaciones Amicus DH A.C. y No Dejarse es Incluirse A.C., la omisión de partidas presupuestarias afecta el acceso de las personas LGBT+ a derechos fundamentales como salud, educación y trabajo. Argumentan que esta situación contradice el artículo 1 de la Constitución, que prohíbe la discriminación y obliga al Estado a garantizar la igualdad de condiciones para todos los sectores de la población.
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En la demanda se solicita que se modifique la ley presupuestaria local y se asignen recursos para atender las necesidades de la comunidad de la diversidad sexual y de género, en un proceso que contemple consultas y espacios de diálogo con los grupos afectados.
Casos similares en otros estados han resultado en medidas concretas. En el Estado de México, un amparo llevó a la creación de la Clínica de la Diversidad Sexual en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. En Guanajuato, un litigio estratégico permitió una sentencia favorable en la misma materia.
Los colectivos LGBT+ en Puebla esperan que este antecedente contribuya a un fallo a su favor.
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