Organizaciones campesinas contra la importación de un veneno llamado glifosato

En días recientes se desató una fuerte polémica mediática en torno a las posiciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relacionada con un proyecto de decreto presidencial sobre el glifosato, un peligroso herbicida que se usa principalmente en la agroindustria. Existe abundante evidencia científica sobre la toxicidad de este agroquímico, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno. Además, ha sido identificado como causante de la contaminación de los ecosistemas en los que se ha aplicado desde la década de los setenta en todo el mundo.

Los representantes de la agroindustria, es decir, los grandes empresarios que fueron ostentosamente beneficiados durante el periodo neoliberal, se han expresado a favor de la utilización de este veneno. Han pretendido hacer creer a la opinión pública que la decisión de la SEMARNAT consistente en eliminar gradualmente el glifosato para transitar hacia la agroecología, es equivocada y terminará por destruir a la agricultura mexicana y, por ende, a la soberanía alimentaria que, de hecho, los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se encargaron de eliminar. Pero no debemos confundirnos: estos empresarios, pertenecientes muchos de ellos al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), se hacen pasar por agricultores, pero en realidad son terratenientes modernos. Ellos, que tanto defienden al glifosato, no exponen su vida todos los días aplicando este veneno en los cultivos de papa, sorgo, hortalizas, arándanos o frambuesas que tienen en regiones como los Valles de Culiacán, del Yaqui o del Mayo. Eso lo hacen sus trabajadores, los jornaleros y jornaleras agrícolas que por un bajo salario y sin seguridad social, trabajan de sol a sol, sin las condiciones básicas de seguridad para manejar este pesticida, vulnerando con ello su salud.

En contraste, los campesinos organizados que sí trabajan la tierra y que desde hace décadas han defendido a la agroecología como una alternativa viable, manifestaron su decidido apoyo a la decisión que ha tomado la SEMARNAT, consistente en sustituir progresivamente pesticidas o agrotóxicos como el glifosato, transitando simultáneamente hacia un sistema agroalimentario diverso y productivo, pero respetuoso del medio ambiente. Una de las primeras organizaciones campesinas que se expresaron al respecto fue la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), surgida en 1995, la cual agrupa a 60 mil pequeños y medianos productores de granos básicos (maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo, entre otros). En un comunicado emitido el 5 de agosto, esta organización señaló que “es claro que el modelo de agricultura industrial corporativa de la revolución verde no ha podido ni podrá generar alternativas. Bajo este modelo se han producido alimentos que cada vez son más dañinos y con efectos ambientales adversos para el agua y el suelo. De igual manera, este gobierno se ha propuesto acabar con el influyentísimo y la vinculación del poder político con el poder económico, que en este caso representa los intereses de los socios de las empresas de semillas transgénicas, de agroquímicos, de refresqueras y cerveceras (…) Por tal motivo, estamos convencidos de que no solo es urgente sino necesaria una estrategia conjunta hacia un nuevo modelo agroalimentario y nutricional, sin agrotóxicos y sin transgénicos y donde la base sea la transición hacia una producción agroecológica”.


La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) también ha expresado su rechazo a este anteproyecto de decreto y la continuación en la importación de glifosato. En un comunicado del pasado cinco de agosto, esta organización ha denunciado que el uso de glifosato en México es algo muy grave para los productores de café orgánico, pues muchas de las exportaciones de este grano son rechazadas cuando se les encuentra residuos de este herbicida, lo que se traduce en grandes pérdidas para los pequeños y medianos productores. Esta coordinadora, que agrupa a 75 mil pequeños productores de café de 126 organizaciones regionales y locales de los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, celebró en su momento la decisión del Gobierno de México consistente en prohibir la importación de glifosato. Además, ha pedido al presidente que suspenda la iniciativa que ha presentado la SADER y que se respeten los acuerdos que ya se han establecido en torno a la progresiva sustitución de este agroquímico.

También la emblemática Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País emitió un comunicado el pasado 6 de agosto, en el que expone su total respaldo a la SEMARNAT: “apoyamos la posición de su titular Víctor Manuel Toledo y rechazamos cualquier acción del secretario de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula o desde cualquier otra instancia, que contravenga la decisión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de prohibir el glifosato en México. Es indispensable, y más urgente que nunca en la crisis ambiental, climática y de falta de salud alimentaria que nos aqueja, crear ya las condiciones necesarias para cuidar el medio ambiente y producir alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente adecuados para toda la población”.

Organizaciones integrantes del Grupo “Territorio, género y extractivismo”, también se pronunciaron porque los propósitos de transformación en materia ambiental se mantengan como eje prioritario del actual gobierno. En un reciente comunicado señalaron que “en el centro de las transformaciones que requiere nuestro país se encuentra el detener el uso de la sustancia conocida como glifosato, que se ha demostrado científicamente que envenena los cultivos, el agua, los recursos naturales y a los polinizadores; es necesario preservar la riqueza natural y la biodiversidad amenazada por esta sustancia; cumplir con la prohibición de producir transgénicos; mantener las fuentes de agua limpia y disponible; detener el fracking y la minería. Todo ello tiene impactos graves en la salud ambiental y humana”. Además, manifestaron su apoyo a la postura del titular de la SEMARNAT, sobre todo por su decisión de mantener el principio precautorio como eje de la política ambiental.

Ha sido impresionante la oleada de redes, organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han manifestado su decidido apoyo a la política ambiental que impulsa la SEMARNAT. Aquí menciono solo algunas de ellas: Alianza Mexicana contra el Fracking, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – Colectivo Mexicano, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA), Movimiento Mexicano de Afectadxs por la Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Red de Abasto Cooperativo Tlalnepantla, Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), A.C., Red de Género y Medio Ambiente, Red de Guardianes de Semillas de Occidente, Red de Investigadoras/es Independientes en Ciencias Sociales, Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Unión de Pueblos y Comunidades de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), Servicios del Pueblo Mixe, Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo, Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel, Consejo General del Pueblo Indígena de la Lagua, Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, A.C., Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Já, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, de Oaxaca, entre muchas decenas más.

Pero también las redes académicas, como la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER), integrada por académicos de más de cien instituciones públicas entre universidades y centros de investigación, actores sociales y organizaciones no gubernamentales dedicadas al campo mexicano, señalaron lo siguiente en un comunicado emitido hace menos de una semana: “Tenemos más de 25 años estudiando y discutiendo la difícil situación de campo mexicano, con miradas desde todos los rincones del país. En nuestras declaraciones hemos expuesto nuestra preocupación por la crisis cada vez más severa en el medio rural. En los últimos años constatamos un proceso de deterioro en la calidad de la alimentación de la sociedad mexicana, de graves consecuencias en el medio rural, que está perdiendo sus hábitos alimenticios sanos basados en la producción campesina y consumiendo cada vez más productos industrializados. También somos testigos del desastre ecológico que viven los territorios campesinos, incluyendo las afectaciones a la salud, por la implementación de proyectos extractivos y el uso indiscriminado de agroquímicos. La situación actual generada por la Covid-19, que amenaza la vida humana, nos está enseñando las consecuencias del cambio alimenticio en nuestra sociedad, que ahora más que nunca está enferma por lo que come. Por lo anterior, exigimos: a) Se mantenga la prohibición a la importación, venta y uso de glifosato en México; b) Se prohíba la producción de transgénicos; c) Mayores apoyos para la economía campesina que por siglos se ha mantenido y demostrado que es pilar de la soberanía alimentaria y d) Se evite que los empresarios, dueños de los agronegocios, se conviertan en los hacedores de las políticas públicas hacia el campo y principales beneficiarios de los recursos dirigidos al sector”.

En síntesis, lo que podemos observar es que los campesinos y campesinas, el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil han manifestado un abierto y contundente apoyo a la ruta de la transición agroecológica que está planteando la SEMARNAT. En estos momentos de fuerte debate público, es importantísimo identificar qué actores defienden la persistencia de la utilización de agrotóxicos para la muerte y quiénes plantean la construcción de una política nacional agroecológica para la vida.