Las titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (Conahcyt), amén de funcionarios de la Procuraduría Agraria y la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), coincidieron en que los ordenamientos territoriales deben ser construidos desde las comunidades y no por consultorías ajenas a las realidades de los pueblos.
El viernes pasado, primer día de actividades del Segundo Encuentro de Comités de Ordenamiento Ecológico Territorial Participativo, celebrado en el Paraninfo de la máxima casa de estudios en la entidad, en un mensaje transmitido desde la Ciudad de México, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, resaltó que el apoyo que el gobierno federal brinda a la conformación de los ordenamientos ecológicos territoriales participativos responde al principio de que deben ser las propias comunidades y no agentes externos, quienes tomen las decisiones sobre sus destinos, el de los lugares que habitan y los recursos naturales que poseen, para solucionar las necesidades locales.
En ese sentido, resaltó que durante este sexenio se pasó del criterio de sólo consultar a los pueblos a que sean los pueblos quienes construyan sus propios instrumentos normativos para su desarrollo, con el acompañamiento de académicos, investigadores y autoridades: “nunca más ordenamientos desde el escritorio, sino a partir del territorio”, exclamó.
También en un mensaje transmitido en streaming, María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conahcyt manifestó que los ordenamientos que ya funcionan en municipios de Puebla y de Campeche “son ejemplos inspiradores” que deben replicarse en todo el país y destacó también la importancia de los Programas Nacionales Estratégicos que el organismo impulsa.
Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, expresó en su turno que el trabajo del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) en el acompañamiento a las comunidades para la generación de sus ordenamientos territoriales ecológicos participativos, es un ejemplo de lo que las universidades públicas aportan al país y resaltó la presencia de emisarios de siete entidades federativas al encuentro, destacando que los 15 instrumentos aprobados hasta ahora benefician directamente a más de 320 mil personas.
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En representación de la Procuraduría Agraria, Amador Hernández expresó que los ordenamientos ecológicos territoriales participativos son un claro ejemplo de la sinergia que pueden alcanzar los tres niveles de gobierno, los pueblos y la comunidad académica.
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