Los más de mil teléfonos celulares incautados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla eran parte de un sistema de control de comunicación que tenían los reos que tenían un autogobierno en el penal, manifestó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Por la mañana, cuando el operativo de inspección en la cárcel capitalina aún estaba en curso, el mandatario estatal informó en rueda de prensa que la intervención de las autoridades en la penitenciaría había comenzado la noche del lunes.
El titular del Poder Ejecutivo reportó que hasta ese momento, rondando las 10 de la mañana, se habían incautado tres centenas de equipos móviles de telefonía.
Barbosa Huerta explicó que, a partir del caso del bebé Tadeo, se descubrió un escondite en el que los maleantes guardaban los celulares.
“El operativo está en curso, está en curso –dijo el mandatario estatal en la rueda de medios que ofreció desde Casa Aguayo-, sólo podré decir que efectivamente en un operativo definido por los datos inteligencia, se encontraron el lugar donde guardaban cosas introducidas ilegalmente, de cuando la crisis esta del (bebé) Tadeo que grupos de PPL querían tener el control del reclusorio”.
Abundó: “entre una de las formas (de tener el control) era que eran dueños de los celulares y los celulares los rentaban adentro y todos los días entregaban un celular y en la tarde lo recogían y esa era la forma de comunicarse, y otros lo tenían de manera permanente”.
“Entonces, en la madrugada de hoy, muy temprano a esta hora se está llevando a cabo un operativo y sí, hasta el dato que yo tengo, que será corroborado por seguramente un boletín informativo, de la Secretaría de Seguridad Pública, se lleva un decomiso de al menos 300 celulares y muchas otras cosas que se están embalando. Se están viendo, se están desde luego trascenderá al Ministerio Público para que se haga la investigación, habrá un análisis forense de cada celular, habrá mucha información, porque cada vez que se encuentra un celular de esos que traen gentes delincuentes en las detenciones, algo muy importante que hace la autoridad investigadora, de manera con los procedimientos legales, es el análisis forense del celular”.
Finalmente insistió: “entonces si está en curso eso, puede ser que ya haya terminado en este momento, pero si empezó y hay entre otra de las cosas que ya se andaba buscando ese material de comunicación se ubicaron y se recogieron 300 celulares al menos que eran esos que se repartían como formas de control y de comunicación, ¿si? Muchas otras cosas estamos haciendo, muchas, no puedo decirlas porque forman parte de las actividades de inteligencia que se están llevando a cabo”.
El pasado 29 de enero, 24 reos del penal de San Miguel, fueron trasladados a centros penitenciarios federales, porque se consideró que estaban desestabilizando el Cereso, según dijo Barbosa Huerta en esa ocasión.
Tres días antes, el 26 de enero, un grupo de internos intentó realizar un motín como protesta por el cambio de directivos del reclusorio, pero fracasó.
El traslado de las personas privadas de su libertad, ocurrió bajo la dirección de María del Rayo Mendoza Farfán, que esta semana fue designada como directora del Centro de Reinserción Social de San Miguel, como parte de los cambios que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta realiza, tras suscitarse el caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo sin vida fue ingresado al penal y posteriormente encontrado muerto en un contenedor de basura.
Los internos fueron trasladados en medio de un fuerte operativo de seguridad pública al aeropuerto de Huejotzingo, para después ser enviados a reclusorios federales de Morelos, Chiapas y Durango.