En el marco del Primer Encuentro Regional en el Altiplano de la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensores del Territorio (Onodet), más de 90 representantes de organizaciones sociales, comités, académicos y autoridades acordaron brindar respaldo explícito a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional, subrayando el compromiso del movimiento con una visión de justicia ambiental y resistencia frente a intereses privados.
El acto se llevó a cabo este domingo en la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde los defensores del territorio se reunieron para fortalecer lazos de coordinación y acción conjunta.
El encuentro giró en torno al intercambio de experiencias, la articulación de estrategias y la incidencia política nacional. Se presentaron 25 informes de trabajo de comités y colectivos dedicados a la protección ecológica, lo que evidenció la diversidad de problemáticas territoriales del Altiplano y la necesidad de respuestas integrales.
Una de las intervenciones más destacadas fue la del investigador Andrés Barreda, quien expresó su preocupación por el abandono de proyectos transdisciplinarios, como el Laboratorio Nacional de Toxicología, anteriormente financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología.
También participó René Sánchez Galindo, responsable jurídico de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien se manifestó a favor de la desprivatización del agua y propuso un esquema de pago proporcional por descargas residuales en función del cumplimiento de normas de saneamiento.
Entre los acuerdos alcanzados se eligieron nuevos representantes de Onodet en el Altiplano y se decidió emitir un posicionamiento conjunto en defensa de los bienes comunes.
Asimismo, se reafirmó el rechazo a proyectos contaminantes como la minería a cielo abierto, el fracking y las granjas industriales; la defensa de lo público frente a la privatización; y la exigencia de cumplimiento estricto de la normativa ambiental, especialmente sobre el suelo y el agua.
Los participantes concluyeron que mantendrán la vigilancia sobre decisiones gubernamentales y construirán alternativas de protección territorial en colaboración con el sector académico, dejando claro que la defensa del territorio es también un acto de soberanía.
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